El coordinador del Partido Popular de Cantabria, Juan José Alonso, ha respondido hoy con firmeza a las acusaciones de la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, acusando al Ejecutivo central de no cumplir con el Tribunal Supremo en relación con los menores migrantes no acompañados. Alonso aseguró que el Gobierno de España es el «único» responsable de haber dejado desatendidos a estos menores, especialmente después de la sentencia del Tribunal Supremo a finales de marzo, que obligaba al Gobierno de Pedro Sánchez a asumir la tutela de los menores migrantes que han solicitado asilo.
El Tribunal Supremo había dictado un auto con un plazo de 10 días, improrrogable, para que los 1.000 menores migrantes que actualmente están bajo la protección de los servicios de menores en Canarias fueran integrados en el Sistema Nacional de Protección Internacional. Según Alonso, el Ejecutivo central no solo no ha cumplido con este auto, sino que además ha argumentado la falta de recursos para asumir esta obligación, afirmando que los servicios están saturados y no pueden integrar a estos menores en el sistema nacional.
“El Gobierno de Sánchez no ha cumplido con lo que el Tribunal Supremo le ordenó, y aún más grave es que han dicho que no tienen los recursos necesarios para atender esta demanda”, lamentó Alonso, haciendo referencia a la gestión del Ejecutivo central en este ámbito.
El coordinador del PP también desmintió las acusaciones sobre la repatriación de menores que se ha intentado vincular al Gobierno de Cantabria. En este sentido, explicó que, tal como señaló la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez, «el Gobierno de Cantabria no ha iniciado ningún expediente de repatriación, ya que esa es competencia del Estado». Alonso acusó a los socialistas de intentar generar «una polémica artificial e interesada», subrayando que «es rotundamente falso e imposible que el Gobierno de Cantabria haya iniciado repatriaciones».
En lugar de eso, Alonso aclaró que lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria ha sido solicitar al Ejecutivo central que inicie un procedimiento reglado para determinar la mejor opción para los menores extranjeros no acompañados en la región. Esto incluye decidir si deben regresar a sus países de origen con sus familias o si deben permanecer bajo el sistema de protección de Cantabria, en un centro especializado.
“Lo que el Gobierno de Cantabria está pidiendo es que se solicite un informe sobre las circunstancias familiares de estos menores a la representación diplomática de su país de origen, y que sea Delegación de Gobierno quien decida si es necesario tomar medidas”, apuntó Alonso.
El coordinador del PP enfatizó que la prioridad del Gobierno de Cantabria siempre ha sido velar por el «interés superior del menor», asegurando que la comunidad autónoma no busca en ningún caso la expulsión de los menores migrantes. «Cantabria siempre ha sido y será una tierra generosa y solidaria», concluyó Alonso, reiterando que el objetivo es siempre proteger el bienestar de los menores y actuar conforme a la legislación vigente.
