Cerca del 80% de la potencia eólica que los promotores han pedido desarrollar en Cantabria se quedará fuera del mapa energético de la comunidad debido al límite de 700 megavatios fijado por la autonomía. Con más de 400 megavatios ya comprometidos en proyectos que han superado distintas fases de tramitación, solo quedarían disponibles poco más de 250 megavatios, pese a que las solicitudes presentadas ascienden a 1.180.
Este dato ha centrado parte del debate parlamentario de este lunes, en el que tanto la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, como el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ambos del PP, han defendido la política energética del Ejecutivo ante las críticas del PRC, que considera que el Gobierno ha renunciado a liderar el impulso de las energías limpias en la comunidad.
El diputado regionalista Pedro Hernando ha cuestionado directamente a la presidenta si da por fracasado su objetivo de convertir Cantabria en un referente en renovables, aludiendo al parón en proyectos como la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, la planta de biomasa de Solvay, o el centro de formación profesional de Energía y Agua previsto en Viérnoles durante la anterior legislatura (PRC-PSOE), que el Ejecutivo actual ha descartado por considerar que no existe demanda suficiente.
“Las empresas piden trabajadores para el metal, la hostelería, la automoción o el sector TIC, no para un centro de renovables que no tiene sentido ahora mismo”, ha respondido Buruaga, que ha acusado al PRC de actuar “a golpe de ocurrencia” y ha pedido que la formación académica se adapte “a las verdaderas necesidades del mercado laboral”.
La presidenta ha defendido que su Gobierno tiene una estrategia clara para las renovables: avanzar “de forma racional, ordenada y sostenible”, evitando un despliegue descontrolado que, ha dicho, pondría en riesgo el equilibrio territorial. “Transición energética, sí, pero no a cualquier precio”, ha zanjado.
Además, ha cargado contra el Ejecutivo central por, según ha dicho, entorpecer inversiones como las de Repsol en proyectos de almacenamiento de hidrógeno en Cantabria. “Necesitan un marco legal que no llega, una concesión prorrogada que no se aprueba y un respaldo del Gobierno de España que brilla por su ausencia”, ha reprochado.
En cuanto al estado actual del desarrollo eólico en Cantabria, el consejero Arasti ha detallado que hay un parque en construcción (El Escudo), seis con autorización administrativa y otros seis en evaluación ambiental, lo que suma 448 megavatios. Dado que la comunidad tiene un límite de 700, el margen restante se reduce a unos 250 megavatios, con lo que “la mayoría de la potencia solicitada no verá la luz”.
Sobre los proyectos ubicados en la comarca oriental –Fuente Pico, Las Mazas, Moncubo y Sierra del Sel–, que contemplan cerca de 100 megavatios, el consejero ha señalado que se encuentran aún en una fase preliminar. “Solo hay anteproyectos y estamos pendientes de los informes técnicos”, ha dicho, recalcando que la única condición del Gobierno para dar luz verde a estas instalaciones es el estricto cumplimiento de la ley.
“Estamos a favor de la energía eólica, pero no a costa de nuestro entorno ni saltándonos las normas”, ha subrayado Arasti, que ha apostado por priorizar los parques mejor situados tanto en términos de recurso eólico como de impacto ambiental.
Por su parte, el parque eólico del Piruquito ha recibido recientemente un informe desfavorable del Gobierno cántabro debido a la existencia de “impactos críticos y severos” sobre el entorno, lo que añade más obstáculos al mapa de desarrollo renovable en la comunidad.
