El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, apoyará la implementación de nuevas medidas de la normativa estatal contra las estafas telefónicas y cibernéticas, tras un creciente número de fraudes en los que los estafadores utilizan llamadas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos para suplantar la identidad de empresas o instituciones.
Según datos del Ministerio de Política Territorial, Cantabria ha experimentado un aumento del 9% en las ciberestafas durante 2024, lo que equivale a 560 infracciones penales más que el año anterior. Este tipo de delitos se han convertido en el fenómeno criminal con mayor crecimiento, representando uno de cada cuatro casos en la región.
La nueva normativa, la orden TDF/149/2025, publicada el 12 de febrero, introduce medidas para prevenir las suplantaciones de identidad y garantizar la correcta identificación de los números utilizados en los servicios de atención al cliente y en las llamadas comerciales no solicitadas. A partir del 7 de junio de 2025, se prohibirá el uso de numeraciones de teléfonos móviles para este tipo de actividades.
Además, la normativa regula que las numeraciones gratuitas 800 y 900 se utilicen exclusivamente para servicios de atención al cliente, llamadas comerciales no solicitadas y servicios de cobro revertido automático. Con esta medida, se pretende proteger a los consumidores de fraudes cibernéticos como el phishing, el smishing (fraudes por SMS) y el vishing (fraudes por llamadas telefónicas), así como reducir el spam telefónico mediante el bloqueo de llamadas y mensajes sospechosos.
La Dirección General de Comercio y Consumo también recomienda a los ciudadanos la suscripción a la lista Robinson, un servicio gratuito que permite bloquear la publicidad no deseada. A través de esta lista, las empresas tienen la obligación de consultar los registros para excluir a las personas inscritas del envío de publicidad. Las entidades que no cumplan con esta normativa pueden ser sancionadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Eduardo Arasti, consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha asegurado que el aumento de la ciberdelincuencia genera desconfianza en el comercio electrónico, lo que preocupa a los consumidores. «Desde el Gobierno trabajamos para proteger a nuestra población de este tipo de amenazas cada vez más frecuentes», ha señalado.
