El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este martes la nueva ordenanza para la prestación de recogida de residuos, con los votos favorables del PP y Vox, y en contra de PSOE y PRC. Esta medida busca cumplir con la Ley 7/2022, que obliga a los municipios a establecer una tasa para cubrir los costos del servicio, lo que se ha denominado el ‘tasazo’ de basuras.
El alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), ha defendido que la tasa impuesta no es definitiva, y que se revisará trimestralmente. En cuanto más eficiente sea el reciclaje en el municipio, menor será el impacto económico para los vecinos. «Es una obligación que no nos gusta nada, pero debemos cumplirla», ha señalado el regidor, quien ha expresado su postura en contra del Gobierno de España, al que acusa de imponer esta carga “injusta” sobre las familias.
La tasa se aplicará de acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, que exige una tasa específica y no deficitaria para cubrir el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Movellán ha subrayado que el Gobierno de Sánchez ha convertido a los ayuntamientos en «recaudadores» de un nuevo impuesto, que en última instancia irá a las arcas del Gobierno Nacional.
En el marco de esta nueva normativa, la tasa será más baja en las zonas rurales de Camargo, donde los costos de prestación del servicio son mayores. Además, la ordenanza contempla bonificaciones de hasta el 80% para viviendas en riesgo de exclusión, usuarios con dificultades acreditadas por Servicios Sociales, y familias monoparentales o numerosas, así como empresas que gestionen sus propios residuos.
En cuanto a las mejoras en los servicios de recogida de residuos, el alcalde ha anunciado que la renovación de los contenedores del municipio ya está en marcha, con la adjudicación para la fabricación de los 746 contenedores destinados a zonas residenciales e industriales. La sustitución de los contenedores se llevará a cabo durante el verano.
SECCIÓN ADICIONAL:
Durante la sesión plenaria también se aprobó la omisión de la fiscalización de facturas por cerca de un millón de euros, así como el reconocimiento de créditos por más de 70.000 euros.
