La diputada y portavoz del PRC en materia de Inclusión Social, Rosa Díaz, llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria el próximo lunes una proposición no de ley con la que busca reducir los tiempos de espera en la valoración del grado de discapacidad y la concesión de plazas residenciales para personas dependientes. En su iniciativa, insta al Gobierno autonómico a adoptar medidas organizativas que garanticen la resolución de expedientes en un máximo de tres meses y la asignación de plazas en menos de dos, además de establecer mecanismos de apoyo domiciliario temporal mientras las familias aguardan una solución.
Díaz denuncia que el sistema de dependencia en Cantabria se encuentra «colapsado», con cerca de 9.500 personas pendientes de valoración y demoras que en muchos casos alcanzan los 19 meses. «El Gobierno no está haciendo nada para atajar esta situación, que sigue empeorando sin que se introduzcan las mejoras necesarias», ha lamentado.
Según la diputada regionalista, los retrasos se han agravado desde la llegada del Partido Popular al Ejecutivo debido a una «mala planificación», la «escasez de personal sanitario en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)» y los problemas derivados de la «deficiente implementación» de la nueva aplicación informática Baredi. A su juicio, el Gobierno «no ha previsto los recursos necesarios» para adaptar el sistema de valoración a los plazos que establece la legislación nacional, que fija un máximo de tres meses para el reconocimiento de la discapacidad y dos para la concesión de plazas residenciales.
Díaz advierte de que la falta de personal y la lenta adaptación de los procedimientos han provocado un atasco en la tramitación de expedientes, lo que perjudica gravemente a quienes dependen de estas resoluciones para acceder a derechos y beneficios sociales y fiscales esenciales. «El colapso ha alcanzado niveles inaceptables por culpa de la inacción del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga», ha criticado, exigiendo a la presidenta regional que «reaccione de una vez y empiece a trabajar para solucionar los problemas de los cántabros, en lugar de agravarlos».
Asimismo, la parlamentaria regionalista ha apelado a la «responsabilidad» del Gobierno autonómico para poner fin a la situación «insostenible» que afrontan muchas familias, obligadas a asumir los cuidados de sus seres queridos sin el respaldo necesario. «No podemos permitir que tantas personas sigan atrapadas en una burocracia que les impide acceder a los apoyos y derechos que les corresponden por ley», ha concluido.
