La diputada y portavoz del PRC en materia sanitaria, Paula Fernández, ha pedido al consejero de Salud, César Pascual, que resuelva «de forma inmediata» el contrato del transporte sanitario programado adjudicado a la empresa Diavida, debido a numerosos incumplimientos que han generado una acumulación de quejas tanto de pacientes como de trabajadores.
La regionalista ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para instar al Gobierno a elaborar, en un plazo de 15 días, un informe jurídico que analice las causas de resolución previstas en los pliegos de condiciones del contrato. «El servicio está peor que nunca, y el Gobierno debe actuar», ha afirmado Fernández.
Incidencias reiteradas y reclamaciones
Desde que Diavida asumió la gestión el pasado 1 de octubre, el transporte sanitario programado ha experimentado un deterioro «muy significativo». Según Fernández, el servicio ha estado «plagado de incidencias», y el comité de empresa ha denunciado incumplimientos reiterados, llegando incluso a formalizar una reclamación ante el Orecla (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales).
El pliego del contrato contempla la imposición de penalidades si no se alcanzan los objetivos establecidos en los indicadores de seguimiento. Sin embargo, la parlamentaria asegura que estas penalidades no han servido para corregir las deficiencias del servicio.
Llamado a la resolución del contrato
Para Paula Fernández, el Gobierno de Cantabria tiene la responsabilidad de tomar «medidas contundentes» y proceder a la resolución del contrato, ya que, en su opinión, se cumplen las condiciones previstas para ello en el trámite de adjudicación.
«Han pasado más de tres meses desde que Diavida comenzó a prestar un servicio más que deficiente», ha declarado. Por ello, ha exigido que se actúe «sin más demora» para garantizar que se cumplan las obligaciones contractuales y se recupere la calidad del transporte sanitario programado.
Defensa de pacientes y trabajadores
La portavoz regionalista ha insistido en la necesidad de medidas urgentes «en defensa de los derechos de los pacientes y los trabajadores». «Es imprescindible corregir esta situación y garantizar un transporte sanitario eficiente y de calidad», ha concluido.
La resolución de este conflicto será clave para restablecer la confianza en el sistema de transporte sanitario programado y garantizar el bienestar de los ciudadanos afectados.
