El pasado domingo 16 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Montañas, Ecologistas en Acción Cantabria aprovechó la efeméride para expresar nuevamente su oposición al proyecto de teleférico en el Macizo del Castro Valnera, una iniciativa que consideran “quimérica, inviable y destructiva” para el entorno natural de los Valles Pasiegos.
Bajo el lema “Insistimos… Proteger las montañas es cuidar el futuro”, la organización ecologista ha advertido de los graves impactos ambientales que este proyecto podría tener sobre dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), reconocidos en el marco de la Red Natura 2000, tanto en Cantabria como en la provincia de Burgos. La cumbre del Castro Valnera, que alcanza los 1.718 metros y es la más alta entre el Alto Campoo y los Pirineos, se vería comprometida si la infraestructura saliera adelante.
Según Ecologistas en Acción, el proyecto auspiciado por el Gobierno de Cantabria tiene un coste estimado de 12 millones de euros a cargo de capital privado y carece de viabilidad económica, ya que buena parte de las infraestructuras necesarias debería construirse desde la vertiente burgalesa. Además, argumentan que la nubosidad constante y las frecuentes nieblas estivales limitarían gravemente su funcionamiento durante la mayor parte del año. A juicio de la organización, el proyecto es un “monumental fiasco”, basado en cifras irreales, como los supuestos beneficios de 3 millones de euros anuales, la creación de 17 empleos directos y 105 indirectos, y la estimación de 730 plazas hoteleras vinculadas a un desarrollo turístico rural. Estas proyecciones, aseguran, están más alineadas con un territorio ya consolidado como Liébana y no con los Valles Pasiegos.
Ecologistas en Acción también critica la falta de transparencia y diligencia del Gobierno Regional, señalando que, a mediados de otoño, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos no tenía constancia de ningún expediente ambiental relacionado con el teleférico ni de comunicación alguna procedente del Ejecutivo cántabro. En este sentido, recuerdan que, al tratarse de un área limítrofe entre Cantabria y Castilla y León, el proyecto requeriría la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, que sería el órgano competente para aprobar el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
A pesar de la ausencia de trámites oficiales, la organización mantiene una posición vigilante ante el desarrollo del proyecto, confiando en que sea finalmente “desechado por inviable y absurdo”. Sin embargo, aseguran que seguirán atentos a cualquier avance, dado el riesgo que supone para la conservación de uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Cantabria y Burgos.
