El Consejo Asesor para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de Cantabria ha aprobado los nuevos criterios para la identificación y definición de las zonas o municipios de la región con riesgo de despoblamiento para la redacción de una nueva orden reguladora.
Con este nuevo texto legal, que saldrá a información pública el día de mañana, el Gobierno de Cantabria quiere unificar en una sola orden los municipios que son objeto de las medidas de discriminación positiva para incentivar la fijación y atracción de la población a estas zonas, además de introducir nuevos parámetros de especial interés como la tasa de envejecimiento y el nivel de renta.
Así ha informado de ello la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, que, junto a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, han asistido hoy a la reunión ordinaria del Consejo Asesor, que ha aprobado además varias modificaciones del Decreto 216/2019, regulador de su organización y funcionamiento.
Urrutia ha destacado la necesidad de resolver los problemas de duplicidad ante la coexistencia de las órdenes que delimitan, por un lado, los 39 municipios en riesgo de despoblamiento y, por otro, la utilizada por la Consejería de Economía para establecer anualmente incentivos fiscales y que establece 55 ayuntamientos en situación de reto demográfico.
«Ahora contaremos con un único instrumento de delimitación de los municipios en riesgo de despoblamiento para resolver las dudas que venían suscitando entre ciudadanos y operadores especializados», ha incidido la consejera de Presidencia, quien ha señalado que la nueva orden introducirá además otros criterios para garantizar en mayor medida la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial de Cantabria.
Así, según los criterios aprobados hoy por el Consejo Asesor, tendrán la consideración de municipios en riesgo de despoblamiento todos los municipios con densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, de acuerdo con los parámetros de la Unión Europea.
A esto se añadirán aquellos municipios de Cantabria que cumplan tres de los cuatro criterios siguientes: variación negativa de la población en los últimos 10 años, municipios con menor renta, una tasa de envejecimiento superior al 30 por ciento y población inferior a 2.000 habitantes.
A partir de estos parámetros adoptados, ha explicado la consejera, será el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) el que establecerá la nueva relación de los municipios que tendrán la consideración de municipios en riesgo de despoblamiento para, posteriormente, continuar con la tramitación y aprobación de la nueva orden reguladora.
En este ámbito, el Consejo ha propuesto la creación de nuevas categorías en la orden de delimitación de municipios en riesgo de despoblamiento, estableciéndose las siguientes: en riesgo de despoblamiento, en riesgo grave de despoblamiento y de tratamiento especial y diferenciado de Cantabria, en este último caso para los municipios de Tresviso y el Valle de Villaverde, por sus circunstancias especiales.
Organización del Consejo y nuevos miembros
Durante la reunión, el Consejo Asesor también ha dado el visto bueno a las modificaciones normativas del decreto de creación y organización de este órgano, que tienen como objetivo incrementar la participación y ofrecer una mayor dinámica y eficacia en su funcionamiento.
Entre las principales novedades que incorporará la normativa destaca la creación de una comisión permanente del Consejo Asesor, con el fin de que las decisiones y acciones a acometer se realicen de forma más ágil y especializada, por lo que se reducirá el número de reuniones, se modificarán el plazo de las convocatorias y se corregirán otras contradicciones y errores detectados en el decreto original.
Igualmente, se mejorará la participación al incorporar a más entidades especializadas del medio rural con el fin de adoptar medidas también más eficaces, como es el caso de la Guardia Civil y los grupos de acción local. Todos ellos tendrán un representante en el Consejo.
La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha señalado la importancia de contar con estas organizaciones en el Consejo, que «trabajan sobre el terreno» y son «conocedoras de los problemas que les acontecen en su día a día» en el mundo rural. Y ha concluido que con todos estos cambios introducidos se «agilizarán y pondrán en marcha nuevas propuestas y acciones para frenar la pérdida poblacional».
