La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria ha detectado fraudes laborales e impuesto sanciones por valor de 15,8 millones de euros en los diez primeros meses de 2024, según el balance provisional presentado hoy en rueda de prensa por la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, y el director territorial de la Inspección, Miguel Ángel Gálvez.
El informe, que ha sido presentado en la Comisión Operativa, recoge que se han emitido 1.361 actas de infracción con sanciones por 3,9 millones de euros, a los que se suman 6,3 millones en expedientes liquidatorios y 5,6 millones en recaudación inducida. La mayor parte de las irregularidades detectadas están relacionadas con incumplimientos en el área de la Seguridad Social.
«Estos datos muestran la importante labor de la Inspección de Trabajo y el compromiso del Gobierno de España por garantizar que todos los trabajadores estén protegidos y que las empresas cumplan con sus obligaciones legales», ha destacado Gómez de Diego, quien ha subrayado este desempeño «no solo protege los derechos de los trabajadores, sino que también combate la competencia desleal que afecta a las empresas que operan dentro de la legalidad».
Casi 1.400 contratos transformados
El consejero Eduardo Arasti, que preside la Comisión Operativa, ha destacado que este año se han revisado 3.244 contratos, de los cuales 1.395 han sido transformados en indefinidos, y ha indicado que los principales incumplimientos en el área de las relaciones laborales tienen que ver con el tiempo de trabajo, la transgresión de la normativa de contratos, los salarios y la fijación de condiciones inferiores a las establecidas legalmente.
En materia de prevención de riesgos laborales, Arasti ha apuntado que se han cursado un total de 1.672 órdenes de servicios; 192 segundas visitas de comprobación de requerimientos previos y 5.461 actuaciones, especialmente, las relacionadas con las condiciones materiales de seguridad e higiene en los centros de trabajo, como escaleras, vestuarios, maquinaria o riesgos eléctricos, y las relacionadas con las evaluaciones de riesgos y planificación preventiva, formación de trabajadores, vigilancia de la salud y señalización de lugares de trabajo.
Las infracciones en prevención de riesgos laborales han aumentado un 38% respecto a 2023, un indicador de la mayor actividad inspectora en este ámbito.
Falta de alta y fraudes en prestaciones
Por su parte, la delegada Eugenia Gómez de Diego ha informado que se han cerrado 1.236 expedientes en el ámbito de la Seguridad Social, detectando 383 infracciones relacionadas principalmente con falta de alta de trabajadores, diferencias en cotización y fraudes en prestaciones. Las sanciones en esta área ascienden a 1,14 millones de euros, beneficiando a 648 trabajadores.
Por otro lado, en el área de Economía Irregular y Extranjería se han concluido 1.524 expedientes, identificando 85 infracciones con sanciones de 706.733 euros. Las irregularidades más comunes incluyen falta de permisos de trabajo y simulaciones de relaciones laborales para acceder fraudulentamente a beneficios sociales.
Gómez de Diego ha recordado que cualquier persona trabajadora puede hacer frente a las situaciones injustas sufridas, a través del buzón de la Inspección de Trabajo, que ofrece la posibilidad de comunicar, desde el anonimato, las situaciones de abuso laboral a las que puedan estar sometidos.
Asimismo, la delegada ha agradecido el trabajo del personal de la Inspección de Trabajo, subrayando también el compromiso del Gobierno de España con el refuerzo de los recursos humanos y materiales para garantizar una supervisión eficaz. A este respecto, ha señalado que este verano se han incorporado a la plantilla dos nuevos subinspectores, de tal modo que Cantabria ha completado el 100% de su dotación.
Nuevas campañas
Durante la rueda de prensa, el director territorial Miguel Ángel Gálvez han anunciado que en 2025 se llevarán a cabo más de 7.300 órdenes de servicio programadas.
Entre las prioridades destacan el refuerzo de las campañas de prevención de riesgos laborales, con especial atención a riesgos cancerígenos, manteniendo los controles en las condiciones de trabajo de menores y en el sector agrario, así como en los riesgos biológicos en el sector sanitario, los riesgos musculoesqueléticos y el mantenimiento de equipos de trabajo, entre otros.
También, según ha resaltado, se incluirán campañas en nuevas ocupaciones en auge, como la instalación de placas solares o las relacionadas con plataformas digitales y de reparto, una actividad que «preocupa mucho», tanto por el área de prevención de riesgos como por irregularidades en las relaciones laborales (falsos autónomos).
En el ámbito de la Economía Irregular, la Inspección centrará sus esfuerzos en combatir el trabajo no declarado y las prácticas fraudulentas que afectan tanto a los derechos de los trabajadores como a la competencia leal entre empresas. Además, se mantendrán las inspecciones para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, controlando situaciones de acoso por razón de género, conciliación familiar y discriminaciones en el acceso y las condiciones de empleo.
La Inspección de Trabajo continuará también con su actividad planificada en el ámbito de la Seguridad Social para evitar situaciones de fraude, como pueden ser el encuadramiento en regímenes indebidos; las empresas con deudas al organismo; las prestaciones a la Seguridad Social; el control de las bajas indebidas, o las infracotizaciones por inaplicación de convenios colectivos o bonificaciones indebidas.
