El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha anunciado que ha solicitado sendas reuniones con los ministros para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), Sara Aagesen, y de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para reclamar un mayor apoyo financiero a la industridea cántabra con el fin de evitar el riesgo «serio» que existe de deslocalización de empresas «importantes» de la región y que los «buenos datos económicos» de la Comunidad Autónoma, «con el dato de paro más bajo de la historia, el mejor dato de afiliación de la serie histórica y la segunda tasa de paro más baja de España», empeoren «ante la inactividad o ineficiencia actual del Gobierno de Pedro Sánchez».
En el caso de la ministra para la Transición Ecológica, Arasti pretende reunirse con Aagesen para analizar otras fuentes de financiación compatibles con la ayuda de 30,1 millones de euros del PERTE de des-carbonización que ha recibido Solvay este año pero que, tal y como le ha trasladado su director general, Jorge Oliveira, «es insuficiente» para llevar a cabo «la mayor cogeneración de biomasa de España» en su planta de Barreda con un proyecto de 250 millones de euros que, según Arasti, «resulta imprescindible para garantizar la continuidad de Solvay en Cantabria».
Tal y como ha explicado, «supondrá una reducción de 320.000 toneladas de dióxido de carbono al año con un proyecto de des carbonización que precisa de una inversión de 150 millones de euros, a lo que hay que añadir un proyecto de captura de dióxido de carbono, con una inversión de 100 millones de euros, para capturar 300.000 toneladas de dióxido de carbono al año».
Por todo ello, ha considerado «indispensable» que se lleve a cabo un proyecto «necesario» para asegurar el futuro de la planta de Barreda y para que se puedan instalar otros proyectos industriales capaces de generar sinergias conjuntas.
El consejero también pretende trasladar a la nueva ministra la necesidad que le han trasladado las empresas electro intensivas de la región de que el Gobierno de España «convoque ya» las subastas de potencia para cogeneración de 1.200 megavatios previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía Clima (PNIEC) y anunciadas en 2022 porque, en su opinión, «es la única manera de que las empresas puedan invertir en nuevas plantas de cogeneración y en la renovación tecnológica de las ya existentes, prolongando así su vida útil, y la percepción de la retribución regulada, sin la cual son inviables».
En esta misma línea, reclamará a la ministra que prorrogue la vida útil regulatoria dos años a las empresas que ya han cumplido el final de su vida útil y que en el caso de Cantabria afecta a las principales cogeneraciones de la región, que han cumplido ya o están cerca de finalizar su vida útil regulatoria o sencillamente han dejado de producir por la falta de retribución regulada, como son los casos de Solvay, desde el pasado mes de febrero o Dynasol, desde la primavera.
Tal y como ha recordado, la cogeneración es una herramienta energética «clave» para más de 600 fábricas en España, que producen el 20% del Producto Industrial Bruto (PIB) industrial, exportando más de un 50% de sus productos, si bien «la tasa de cogeneración se ha desplomado un 41% entre 2019 y 2023, al pasar de 29.615 giga-vatios por hora a 17.455 giga-vatios por hora».
En el caso de Cantabria, donde la cogeneración representa el 5,3% de la potencia total instalada en España, «siendo un porcentaje muy elevado en términos relativos», la cogeneración ha pasado de 1.583 giga-vatios por hora en 2019 a 557 gigavatios en 2023, lo que supone un descenso del 65%.
Una situación provocada, según el consejero, «por la inoperancia del Gobierno de Pedro Sánchez», y que, en el caso de Cantabria, ha lamentado, afecta más que al resto de España por el mayor peso de la industria cántabra en el PIB de la región y el elevado peso de Cantabria en el sector de la cogeneración en el conjunto de España.
También ha explicado que el descenso interanual «tan importante» del 28,9% en la generación de energía eléctrica en Cantabria, referente a septiembre de 2024, es la principal razón de que el Índice de Precios Industriales (IPI) de la región esté descendiendo «de una manera importante» y, en concreto, un -4,6% en lo que va de año.
Solución para las electro intensivas
Por otro lado, ha solicitado una reunión con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para pedir al Gobierno de España que dedique el 25% de lo recaudado por las emisiones de gas de efecto invernadero a ayudas a las empresas electro intensivas, en vez del 8,3% que destinan actualmente «porque el 25% es el máximo que permite la legislación europea y es lo que están haciendo Francia y Alemania».
Ha lamentado que el precio final de la energía eléctrica que pagan las empresas electro intensivas de Cantabria y de España, a pesar de haberse moderado últimamente, sigue siendo el triple que en Francia y el doble que, en Alemania, por lo que, según ha dicho, «la solución más eficaz y la principal reivindicación que plantean las empresas electro intensivas para mitigar esta situación es que el Estado les compense con ayudas por el coste del dióxido de carbono indirecto que generan».
Tal y como ha recordado, el Gobierno de España recaudó en 2023 un total de 3.584 millones de euros por los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, destinando este año 300 millones de esa cantidad a compensar a las empresas electro-intensivas por el coste del dióxido de carbono indirecto, es decir, un 8,3%, cuando Alemania o Francia destinan el 35% del total recaudado, que es el máximo que permite la legislación europea.
«Si España hiciera lo mismo que Francia y Alemania, destinaría en ayudas por el coste del dióxido de carbono indirecto a las empresas electro intensivas un total de 896 millones de euros e vez de 300, es decir, tres veces más», ha señalado Arasti, quien ha recordado que ya planteó esta reivindicación a la anterior ministra del ramo, Teresa Ribera, haciendo lo mismo la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron ambos mandatarios este año en La Moncloa.
«Lo único que piden las empresas electro intensivas es no pagar aquí lo que los demás no pagan en Europa», ha remarcado Arasti, quien ha confiado en que «aún hay tiempo» para solucionar estos tres problemas «tan importantes» para la industria cántabra y los intereses de la región, si bien ha precisado que «ese tiempo se agota».
