El Gobierno de Cantabria, encabezado por el Partido Popular (PP), ha declarado que hará uso de todos los medios a su alcance y adoptará todas las medidas necesarias para evitar que los mutualistas de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) sean integrados en el sistema de salud público autonómico en las condiciones planteadas por el Ministerio de Sanidad. Esta propuesta, que el consejero cántabro de Salud, César Pascual, calificó de «chapuza», se produce tras la falta de aseguradoras privadas interesadas en continuar ofreciendo cobertura sanitaria a los funcionarios mutualistas durante los próximos dos años.
El consejero de Salud expresó su preocupación por las consecuencias de esta medida, que afectaría a unos 20.000 mutualistas en Cantabria. Pascual garantizó la asistencia sanitaria a estas personas en caso de que la mutua desaparezca, transmitiendo un mensaje de «tranquilidad» a los afectados. Sin embargo, advirtió que las comunidades autónomas no tienen asegurada la financiación necesaria para afrontar esta responsabilidad. «Nos piden atender a los funcionarios mutualistas por menos de mil euros al año, cuando nosotros calculamos que gastamos más de dos mil euros por cada cántabro», señaló el consejero. Según sus estimaciones, esta propuesta implicaría un gasto adicional de más de 20 millones de euros anuales para Cantabria, lo que, en su opinión, supone una carga insostenible para el sistema sanitario regional, que ya enfrenta una elevada presión asistencial.
En este contexto, Cantabria se ha unido a una decena de comunidades autónomas que han solicitado formalmente que este asunto se incluya en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, previsto para el 13 de diciembre. La petición se produce después de que el Ministerio de Sanidad presentara un informe en el que propone una incorporación progresiva de los mutualistas al sistema público de salud durante un período de nueve meses. Pascual criticó este documento, asegurando que el Ministerio «se lo ha inventado», y señaló que esta propuesta podría derivar en una mayor privatización de la sanidad, ya que muchos mutualistas podrían optar por contratar seguros privados para mantener a sus médicos de confianza.
El titular de Salud cántabro consideró la situación como una «paradoja», acusando al Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, de promover el copago sanitario y favorecer el aseguramiento privado, mientras que el sistema público asume una sobrecarga sin los recursos necesarios para afrontarla. Además, lanzó una crítica al PSOE de Cantabria, cuestionando qué postura tomará el partido en defensa de los intereses regionales frente al Ejecutivo central. «A ver dónde está el compromiso con los cántabros y con nuestro sistema sanitario», afirmó.
Pese a las críticas, Pascual reiteró que Cantabria garantizará la atención a los mutualistas si finalmente deben ser integrados en el sistema de salud autonómico. No obstante, dejó claro que el Gobierno regional emprenderá todas las acciones legales necesarias para defender sus intereses. «Litigiaremos lo que haya que litigar», sentenció.
El Parlamento cántabro exige agilizar las obras de la unidad de protonterapia en Valdecilla
En otro tema de relevancia sanitaria, el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad una iniciativa presentada por el PSOE que insta al Gobierno regional a acelerar las obras de la unidad de protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Este proyecto, considerado clave para el avance tecnológico y médico de la región, lleva años en fase de planificación y desarrollo. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque no estuvo exenta de críticas.
El diputado socialista Raúl Pesquera, quien fue consejero de Sanidad en la pasada legislatura, subrayó la importancia de que Cantabria sea la primera comunidad autónoma en contar con este avanzado tratamiento contra el cáncer. Pesquera expresó su preocupación por lo que considera una «parálisis» en el proyecto y criticó al Gobierno actual del PP por no haber iniciado las obras, a pesar de que ya están adjudicadas. «Todavía podemos ser los primeros, pero no quieren. ¿Por qué no quieren ser los primeros? Eso deberían explicarlo», afirmó, al tiempo que lamentó que Galicia haya tomado la delantera en este ámbito.
Por su parte, el PP defendió que el proyecto está dentro de los plazos previstos y negó la existencia de nuevos retrasos. Según el diputado popular Miguel Ángel Vargas, las obras se anunciaron para el último trimestre de 2024, por lo que «no hay motivo para preocuparse». Vargas también rechazó las críticas de la oposición, argumentando que «lo importante no es ser los primeros, sino garantizar que los cántabros tengan acceso a esta tecnología lo antes posible».
La regionalista Paula Fernández se sumó a las críticas, señalando que el proyecto no avanza como debería y lamentando la falta de información por parte del Ejecutivo regional. Según Fernández, la instalación de la unidad de protonterapia fue un «empeño personal» del expresidente Miguel Ángel Revilla y quedó plasmado en el acuerdo de investidura entre el PRC y el PP para garantizar su desarrollo. Desde Vox, aunque mostraron reservas sobre el elevado coste del proyecto, respaldaron la iniciativa para evitar mayores demoras, argumentando que ya se han realizado inversiones significativas.
Controversia por la contratación directa de Tragsa para el derribo de la Residencia Cantabria
El Pleno del Parlamento también abordó el controvertido tema de la adjudicación directa a Tragsa del derribo de la Residencia Cantabria. Vox presentó una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno regional que entregue los informes técnicos que justifican esta contratación, una medida que fue aprobada por unanimidad.
El contrato, que está actualmente suspendido por un recurso de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP), ha generado un debate sobre transparencia y competencia. Desde el PRC y el PSOE criticaron el uso reiterado de Tragsa para proyectos regionales, acusando al Gobierno del PP de «saltarse la Ley de Contratos». En respuesta, el PP defendió la legalidad de la adjudicación, argumentando que Tragsa está capacitada para realizar este tipo de trabajos y que su contratación directa reduce los costes.
El diputado popular Miguel Ángel Vargas aseguró que la decisión no se tomó «por capricho», sino para garantizar la seguridad y eficiencia en la demolición, dado que el edificio contiene materiales contaminantes como amianto. No obstante, el PRC y el PSOE cuestionaron que este procedimiento excluya a las empresas cántabras, afectando negativamente a la economía regional.
