El martes 29 de octubre se vivió una jornada crítica en la provincia de Valencia, marcada por intensas lluvias que llevaron a la emisión de una alerta roja de AEMET, que presagiaba el desastre que se avecinaba. Según una exclusiva de la Cadena SER, la delegada del Gobierno central en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, reaccionó rápidamente ante la emergencia, anulando su agenda y un viaje que tenía programado para ese mismo día. A las 7:30 de la mañana, tras recibir la alerta, Bernabé activó a los servicios de emergencia del Estado, como la UME (Unidad Militar de Emergencias), la Guardia Civil, los responsables de carreteras del Estado y su unidad de Protección Civil, reuniéndolos de inmediato para coordinar las acciones necesarias.
A pesar de que la gestión de emergencias no era directamente su competencia, la delegada del Gobierno mantuvo una reunión telemática a las 09:30 horas con los alcaldes de las zonas de riesgo para ponerlos al tanto de la alerta y coordinar acciones. A lo largo de la mañana, Bernabé estuvo en contacto constante con la consellera de Justicia, Salomé Pradas, quien, según la información exclusiva de la Cadena SER, recibió a las 12:07 horas el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el riesgo de desbordamiento de los barrancos Magro y Poyo. Fue en ese momento cuando la delegada le ofreció toda la colaboración posible, indicando que los recursos del Estado ya estaban preparados para actuar en lo que fuera necesario.
A las 12:23 horas, Bernabé realizó su primera llamada a la consellera para informarle sobre el agravamiento de la situación y ofrecerle el apoyo de la UME y otros recursos del Estado. Sin embargo, la consellera no solicitó asistencia inmediata y le informó que estaba en contacto con su equipo de emergencias y que se reuniría en el centro de l’Eliana. La segunda llamada de la delegada tuvo lugar a las 12:48, en la que reiteró la situación de emergencia y le ofreció la disponibilidad de todos los medios, pero nuevamente, la consellera no pidió apoyo adicional. A las 14:00 horas, se produjo una tercera llamada, en la que la consellera de Justicia informó que se trasladaría a Carlet debido a las preocupaciones sobre el posible desbordamiento del río Magro. No fue hasta esa cuarta comunicación telefónica, a las 14:10 horas, que la consellera pidió formalmente la activación de la UME, pero solo para el municipio de Utiel, debido a la «delicada situación» que estaba atravesando la localidad.
La situación continuó deteriorándose durante la tarde. La consellera de Justicia convocó una reunión del CECOPI (Centro de Coordinación de Emergencias) a las 17:00 horas, pero esta reunión no fue operativa, según fuentes presentes en el encuentro. A diferencia de otros CECOPI, donde se toman decisiones inmediatas, en este caso, no se adoptaron medidas claras ni urgentes. Además, el presidente de la Generalitat, Carles Mazón, no asistió a la reunión, ya que mantuvo su agenda política del día, incluida una comida privada. Mazón llegó casi dos horas después de que comenzara la reunión, lo que generó aún más desconcierto sobre la gestión de la crisis.
La situación se complicó aún más cuando, pasadas las 7 de la tarde, la alcaldesa de Paiporta llamó a la delegada del Gobierno para informarle de que, desde su ventana, veía cómo su pueblo se inundaba. Fue solo entonces, cuando la emergencia ya estaba desbordada, que un político de la Generalitat preguntó si se debía lanzar la alerta. A las 20:12 horas, finalmente se envió la alerta, pero ya era demasiado tarde: muchos municipios ya estaban bajo las aguas, y la situación era irreversible. La consellera de Justicia, Salomé Pradas, a través de su gabinete de prensa, ha confirmado la información detallada por la Cadena SER y ha reconocido que las llamadas se produjeron tal como se ha relatado, en los horarios exactos que hemos mencionado, así como la solicitud de la UME para Utiel a las 14:00 horas.
Además, Pradas ha corroborado que la reunión del CECOPI a las 17:00 horas no fue operativa, y ha señalado que no hubo decisiones claras hasta mucho después de que la emergencia ya se hubiese desbordado. La consellera también ha defendido que se tomaron las medidas que se consideraron necesarias en ese momento, aunque muchos consideran que la respuesta fue demasiado tardía. Este retraso en las decisiones y la falta de coordinación entre las autoridades locales y regionales ha generado una gran controversia en la gestión de la crisis, que aún se está evaluando.
Esta información exclusiva de la Cadena SER pone de manifiesto las tensiones y la falta de una respuesta coordinada entre las autoridades, que terminó por agravar las consecuencias de las inundaciones en varias localidades de Valencia.
