El Gobierno de Cantabria ha aprobado el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, que remitirá hoy al Parlamento regional para su tramitación, una norma que ha tenido una «buena acogida» entre la sociedad cántabra y que introducirá de una vez todas las medidas de reducción de tiempos de resolución y de cargas administrativas, así como otras mejoras en los sistemas de organización, gestión y digitalización de la administración pública, con el objetivo de facilitar la actividad a ciudadanos y empresas y atraer inversiones.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha comparecido en rueda de prensa para presentar el proyecto de Ley, aprobado hoy en una sesión extraordinaria por el Consejo de Gobierno, y donde también ha informado de las mejoras introducidas tras el periodo de información pública y las valoraciones «positivas» recibidas, que vienen, según ha dicho, a «resaltar las fortalezas» de la norma.
En palabras de la consejera, se trata de una ley que Cantabria necesita desplegar «cuanto antes», que «nace de la sociedad» y es un «clamor interno y externo», por lo que, en esta línea, ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para que la norma «sea de todos» y consiga el «máximo consenso». «Es bueno para Cantabria, es bueno para todos los cántabros y es en beneficio de la sociedad y del desarrollo económico de nuestra región», ha subrayado.
Urrutia ha afirmado que el Gobierno regional cumple además «en tiempo record» el compromiso adquirido por la presidenta María José Sáenz de Buruaga en su investidura, una ley que se enmarca, como ha recordado, en la Estrategia ‘Cantabria Facilita’, con el fin de crear un «entorno facilitador» a ciudadanos y empresas para generar actividad y empleo, y que tiene carácter integral y transversal, es decir, una simplificación administrativa que está presente en todos los ámbitos y que ha de implementarse de forma continuada en el tiempo.
En su comparecencia, ha valorado las aportaciones realizadas durante el proceso de información pública por colectivos y ciudadanía, que han presentado un total de 17 escritos con unas 500 alegaciones, el 60 por ciento de ellas de un particular y correspondientes a modificaciones de estilo y de mejora de la redacción de la norma.
Según ha dicho, el texto que presenta hoy el Gobierno cántabro «es mejor que el que presentamos el mes de agosto» y, por ello, ha agradecido las valoraciones positivas recibidas respecto a la mejora de la transparencia y de la eficiencia administrativa, la necesidad y claridad de la norma y como instrumento «facilitador».
En concreto, se han aportado sugerencias relacionadas con la mejora de los sistemas informáticos para la transmisión de información entre ciudadanos y administración, la aportación de medios para hacer más eficaz la norma, junto a documentos y modelos estandarizados e instrucciones que faciliten la presentación de la documentación y la colaboración y coordinación con los ayuntamientos.
Medidas «de gran impacto»
La consejera de Presidencia y Simplificación Administrativa ha recordado las medidas de carácter transversal y de «gran impacto» que introducirá la norma en todas las consejerías y que están diseñadas para agilizar los procesos y facilitar una gestión más efectiva de los recursos públicos, aliviando la carga burocrática.
Así, entre otros aspectos, primará la declaración responsable en el régimen de licencias y autorizaciones, el silencio administrativo positivo y se reducen los trámites y plazos en todas las consejerías del Gobierno de Cantabria.
La norma suprime con carácter general la necesidad de obtención de licencia municipal de actividad, apertura o funcionamiento para la instalación de cualquier actividad económica y empresarial, y su sustitución por un régimen de comunicación.
En este punto, Urrutia ha apuntado que con las alegaciones presentadas se amplía la regulación de la declaración responsable, «admitida por todos», y se da «más garantías», al establecer el plazo de un mes para subsanar deficiencias en la comprobación del cumplimiento de todos los requisitos.
Igualmente, se introduce el deber general de que todos los órganos de la Administración regional y su sector público promuevan la simplificación administrativa, el principio de mínima intervención administrativa y de gestión simultánea de todos los trámites, así como las tramitaciones conjuntas de los procedimientos y su gestión coordinada. En este ámbito, se conservarán los trámites administrativos autonómicos generados en los sucesivos procedimientos relativos a una misma iniciativa.
El nuevo proyecto de Ley regula además las entidades colaboradoras de certificación, acreditación y registro para agilizar los trámites que se deben presentar ante la administración publica. En este ámbito, se introducen otras mejoras al texto, con respecto a la norma presentada en agosto, dado que no tendrán que volver a acreditarse si cuentan con la habilitación nacional y formarán parte del Observatorio para la simplificación administrativa.
Además, se plasman medidas que facilitan el ‘mercado abierto’ con carácter general, en la que todo operador económico nacional podrá ejercer su actividad en Cantabria libremente, sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica.
Declaración de inversión empresarial estratégica de promoción pública y privada
Además de la supresión general de licencia municipal de apertura para las nuevas actividades empresariales y económicas, la nueva ley crea un marco de tramitación preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo mediante la declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico, tanto respecto a proyectos de promoción pública como privada.
Con ello, se reducirán plazos y se accederá de forma preferente a incentivos a la inversión, líneas de financiación y avales, junto con la posibilidad de articular subvenciones en régimen de concesión directa y otras ventajas asociadas a efectos expropiatorios.
Además, tras el proceso de información pública, se introducen otras dos novedades: se establece la compatibilidad de ocupación de dominio público con otros usos existentes y se permite simultanear la declaración de proyecto empresarial estratégico con el de interés regional.
«Introducimos la posibilidad de tramitación conjunta en un único procedimiento de ambos instrumentos, al amparo de la figura de la gestión coordinada de procedimientos y bajo el impulso y la supervisión de la unidad aceleradora de proyectos», ha señalado la consejera de Presidencia, que ha asegurado este servicio será el encargado de impulsar los proyectos de promoción pública y privada, y será creada por decreto de la presidenta.
Por último, el Gobierno regula un régimen sancionador para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.
