El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha participado en la segunda Conferencia Sectorial de Educación de esta legislatura, en la que ha estado acompañado por el director general de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica, José Luis Blanco, y la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes.
Durante el encuentro, presidido por al Secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, Silva ha planteado al gobierno Central la necesidad de crear un Programa de Cooperación Territorial para Infraestructuras Educativas, «dado que muchos de nuestros centros educativos fueron construidos en la década de los 80 y dicha antigüedad hace necesario que cada curso escolar tengamos que poner en marcha numerosas intervenciones de mantenimiento, renovación y ampliación». Recordó, además, que Cantabria tiene casi 700 actuaciones inventariadas en materia de infraestructuras educativas y ha destacado el «esfuerzo inversor y el compromiso del Gobierno de Cantabria por una educación de calidad adaptada a las necesidades y demandas de la sociedad. Un esfuerzo que asumimos las comunidades autónomas por completo».
En este sentido, cabe destacar que la consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades tiene previsto cerrar el año 2024 habiendo puesto en marcha inversión por valor de 11 millones de euros en unas 70 obras de infraestructuras educativas.
En relación con otro de los temas abordados durante la conferencia sectorial, Sergio Silva puso de relieve el cúmulo de cambios legales en materia educativa que «están provocando cierto cansancio en el colectivo docente por ser muchas y en un breve plazo de tiempo». También se refirió a las numerosas dificultades financieras y de gestión que las CCAA están sufriendo por esos cambios normativos y sus «exigentes calendarios de implantación, al igual que ocurrió con la cotización de la Seguridad Social».
A este respecto, Silva insistió en el especial momento que supone el nuevo marco legal de la Formación Profesional y reclamó mayor compromiso financiero por parte del Gobierno de España, por entender que los cambios que se empiezan a aplicar en Educación implican un aumento del gasto estructural para las comunidades autónomas.
«La exigente implementación que plantea la nueva ley de FP y su desarrollo reglamentario, publicado por el Ministerio de Educación el pasado 28 de mayo, coloca en serias dificultades a las comunidades autónomas, que debemos buscar su encaje legal, pero que también tenemos que tener en cuenta su efecto en la vida de los centros educativos y toda la comunidad educativa», concluyó el consejero.
