El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, ha dado hoy a conocer la Memoria Judicial de 2023, documento que hace balance de la situación de la Justicia en nuestra región y al tiempo detalla las necesidades que tienen nuestros juzgados y tribunales.
La Memoria, elaborada con los informes de jueces y magistrados que ejercen en Cantabria y aprobada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pide la creación de un nuevo juzgado laboral, el que sería el Juzgado de lo Social n.º 7 de Santander, dada la elevada litigiosidad que registran los actuales juzgados, de las más elevadas de toda España.
También solicita el documento un nuevo juzgado para San Vicente de la Barquera, que solo cuenta con un órgano judicial que atiende a un territorio de gran extensión, así como un tercer juzgado para Santoña. En ambos casos se piden nuevos juzgados debido al elevado número de asuntos que registran los órganos judiciales de estos partidos judiciales.
Las necesidades de planta se completan con la petición de dos nuevas plazas de magistrado en la Audiencia Provincial: una para las secciones civiles y otra para las penales.
Necesidades de otra índole son, por ejemplo, la creación de salas de espera diferenciadas para víctimas, la dotación en las sedes judiciales de salas multiusos que permitan la realización de videoconferencias para cumplimentar los exhortos que llegan de otros juzgados de España, o mejoras estructurales en las sedes y renovación de mobiliario.
Asimismo, se hace eco la Memoria Judicial de las necesidades del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que carece de sede propia, sus salas de consulta son reducidas y la mayoría carecen de ventanas, y las salas de autopsia que tiene en Valdecilla no reúnen los requisitos legales para estas instalaciones.
También se pide mejorar la formación y nombramiento de interinos, para que los que se incorporan al órgano que les requiere tengan conocimientos previos de las funciones que van a desempeñar; eliminar las disfunciones en los equipos psicosociales, que tardan meses en emitir sus informes; y subsanar las deficiencias del editor de textos del sistema de gestión procesal Vereda, donde se redactan todas las resoluciones judiciales.
Balance de la actividad judicial en 2023
Los órganos judiciales en Cantabria ingresaron durante el pasado año un total de 76.848 nuevos asuntos, un 3,4 por ciento menos que el año anterior, y resolvieron 73.237 asuntos, esto es, un 4,5 por ciento menos que los ventilados un año antes.
La tasa de resolución de los órganos judiciales de Cantabria coloca a la comunidad, junto con Madrid, a la cabeza de toda España, al resolver el 95 por ciento de los asuntos que entraron, por encima de la media, que fue del 92 por ciento.
Cada integrante de la carrera judicial en Cantabria recibió durante el pasado año una media de 972,8 asuntos (1.271,9 a nivel nacional), y dictó una media de 290,49 sentencias (277,7 a nivel nacional).
La tasa de litigiosidad en Cantabria fue de 130,61 asuntos registrados por cada mil habitantes, inferior a la del conjunto de las comunidades autónomas, que se situó en 145,66.
No obstante, si se analiza el ingreso con relación a la población por jurisdicciones, se observa que la litigiosidad en los juzgados laborales de Cantabria es de las más elevadas de toda España, con 12,14 asuntos por cada mil habitantes, frente a una media de 9,63, lo que justifica la petición de un nuevo Juzgado de lo Social.
Por otro lado, los órganos judiciales de Cantabria dictaron un total de 71.761 resoluciones finales, entre sentencias (22.949), autos (32.931) y decretos (15.881).
Los asuntos que se encontraban en trámite a final de año eran 39.862, lo que supone un incremento del 7,7 por ciento respecto a los que estaban en esa situación en la misma fecha de 2022. A nivel nacional, los asuntos pendientes aumentaron más del doble, un 17,2 por ciento.
La duración media estimada de los procedimientos en primera instancia en Cantabria fue de 6,5 meses, ligeramente inferior a la media nacional (6,7); y en segunda instancia se situó en 6,6 meses, por encima de la media del conjunto del país (6,1).
Todos estos datos se vieron afectados por la conflictividad laboral que la Administración de Justicia española vivió el pasado año: la huelga de letrados entre enero y marzo y la de funcionarios de mayo a julio.
Un año de conflictividad laboral
Consecuencia del primer conflicto, se suspendieron la práctica totalidad de actuaciones procesales en las que resultaba preceptiva la presencia o intervención de letrado o letrada de la Administración de Justicia, de modo que el ingreso y la resolución en los órganos judiciales de Cantabria disminuyó un 15,5 por ciento y un 10,9 por ciento, respectivamente.
Además, tras el conflicto laboral de los funcionarios solo en el Decanato de los Juzgados de Santander estaban pendientes de reparto a los órganos judiciales 3.466 demandas telemáticas, 78 demandas y 259 escritos en soporte papel, además de 86 asuntos correspondientes a los Juzgados de Instrucción.
En este sentido, señala la Memoria que para afrontar esta situación no se ha dispuesto de otros medios materiales y personales que los existentes con anterioridad al inicio de los conflictos, si bien algunas unidades como el Decanato de Santander o el Servicio Común dependiente de dicha unidad ha sido reforzado con personal de apoyo designado por el Gobierno de Cantabria.
La violencia sobre la mujer en 2023
Los órganos judiciales de Cantabria registraron en 2023 un total de 2.492 denuncias por violencia de género, lo que representa un incremento del 12,4 por ciento respecto a 2022 (2.218) y supone casi siete denuncias al día.
En las mismas, figuran como víctimas 2.327 mujeres, un 11,5 por ciento más que en el pasado año (2.087). Además, aparecen 8 menores tutelados víctima de violencia de género, frente a 17 del año anterior.
La tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en Cantabria en 76,7, inferior a la media nacional, de 79,4.
Un año más debe destacarse que un total de 358 mujeres decidieron no declarar cuando comparecieron ante los juzgados de violencia sobre la mujer en Cantabria, lo que supone que el 15,4 por ciento de todas las mujeres que figuran como víctimas tomaron esta decisión. En el caso del conjunto del país, tomaron esta decisión el 10 por ciento de todas las que aparecen como víctimas en las denuncias.
Esas 358 mujeres son más que las que se acogieron a la dispensa en 2022 (228), concretamente un 57 por ciento más. Además, en el Juzgado de lo Penal n.º 5 de Santander, especializado en enjuiciar delitos menos graves de violencia machista, otras 20 mujeres decidieron no declarar al ser llamadas a juicio, once menos que un año antes.
Por otro lado, los jueces y juezas de violencia sobre la mujer de Cantabria acordaron durante el periodo analizado 314 órdenes de protección de las 485 que les fueron solicitadas, es decir, el 65 por ciento de las pedidas. A nivel nacional, el porcentaje de órdenes de protección adoptadas respecto a las incoadas fue del 69 por ciento.
Y los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia –que atienden casos de violencia de género por las tardes y fines de semana, cuando los juzgados especializados no tienen audiencia– acordaron 94 órdenes de protección de las 130 solicitadas, el 72,3 por ciento.
Por lo que se refiere al enjuiciamiento, a lo largo del pasado año fueron juzgadas en Cantabria un total de 649 personas por violencia de género, de las que 530 (528 hombres y 2 mujeres) obtuvieron sentencia condenatoria (el 81,66 por ciento).
En cuanto a la tipología delictiva de la que conocen los órganos especializados, de los 2.650 asuntos penales registrados, 885 apenas requirieron instrucción y se llevaron por juicio rápido, 94 fueron delitos leves, ingresaron dos sumarios y dos jurados. El resto de los asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado –los procedimientos de instrucción más habituales–.
Si se analizan los tipos delictivos en los que se encuadran las denuncias presentadas, consolidando la tendencia de años anteriores observamos que la mayoría (1.002) responden a acciones tipificadas en el artículo 153 del Código Penal, esto es, el delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión.
Otros 300 delitos correspondieron al tipo del artículo 173, que condena aquella actitud persistente que genera una sensación de temor en el entorno familiar. Este delito está penado con una condena de entre seis meses y tres años de cárcel.
Además, en 21 ocasiones se tramitó procedimiento que responde a lesiones del artículo 148 y siguientes del Código Penal, preceptos que se refieren a padecimientos cuya curación requiere una primera asistencia facultativa y de un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de los seis meses a los cinco años de cárcel.
También se iniciaron 590 asuntos por quebrantamiento de pena, 270 por quebrantamiento de medidas cautelares, 229 por delito contra la libertad, 121 por delito contra la integridad moral, 19 contra la libertad e indemnidad sexual, 14 contra la intimidad y la propia imagen, 3 contra el honor y 2 contra los derechos familiares.
De los procedimientos incoados por delitos leves, 106 lo fueron por injurias y 30 por vejaciones injustas.
Otros asuntos significativos
A lo largo de 2023 el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander, el conocido como juzgado de cláusulas suelo, dejó de recibir demandas relacionadas con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Desde su especialización en junio de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2022, cuando esta cesó, el Juzgado n.º 2 y el de refuerzo registraron 20.524 demandas de juicios declarativos, de las que a finales de 2023 solo quedaban por resolver 454.
Eso supone que 97 por ciento de los asuntos presentados se han ventilado. Precisamente, a lo largo del pasado año se dedicaron a la resolución de este tipo de asuntos dos magistrados a tiempo completo (el titular del órgano y una magistrada de adscripción territorial), así como otros tres magistrados titulares de otros órganos que ejercieron como apoyo.
Por otro lado, en el año 2023 los órganos judiciales de Santander y Torrelavega derivaron un total de 138 procedimientos judiciales en materia de familia o derecho civil a sesiones informativas presenciales de mediación.
Acordada la derivación, en el 45 por ciento de las ocasiones las partes comparecieron a las sesiones informativas.
De las 62 sesiones informativas realizadas con presencia de las partes, aceptaron iniciar el procedimiento de mediación 42, lo que supone un 68 por ciento de las sesiones convocadas.
Finalmente, a lo largo del año pasado se alcanzaron 8 acuerdos de mediación intrajudicial.
