Los órganos judiciales de Cantabria recibieron durante el pasado año 2023 un total de 1.087 demandas de disolución matrimonial, lo que representa un descenso del 6,5 por ciento respecto a las registradas en el ejercicio anterior, cuando los procedimientos de este tipo que llegaron a los juzgados cántabros fueron 1.162.
A nivel nacional, el número de disoluciones matrimoniales durante pasado año también disminuyó, un 3 por ciento.
Los 1.087 procedimientos de disolución matrimonial ingresados en Cantabria representan una tasa de 184,7 demandas por cada 100.000 habitantes, inferior a la de la media nacional, que se situó en 192,1.
Por otro lado, en el periodo analizado los juzgados cántabros recibieron 445 peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia y 431 solicitudes para la adopción de medidas de guarda y custodia sobre menores nacidos en parejas no casadas y que se han disuelto.
Todos los datos antes mencionados proceden del informe sobre la actividad de los juzgados de primera instancia con competencia en familia que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, y que ha sido difundido hoy con información relativa a pasado año.
Divorcios y las separaciones
Dentro de la denominación “disoluciones matrimoniales”, el informe se refiere a los divorcios de mutuo acuerdo y a los no acordados, a las separaciones consensuadas y a las no consensuadas, y también a las nulidades matrimoniales.
En el periodo analizado se presentaron en Cantabria 1.053 demandas de divorcio –sesenta menos que un año antes- y 34 de separación –catorce menos-.
De los 1.053 divorcios, la mayoría (632) fueron de mutuo acuerdo, mientras que los no consensuados ascendieron a 421.
En el caso de las separaciones, 26 fueron consensuadas y 8, no acordadas.
Por otro lado, los juzgados de primera instancia con competencia en familia de Cantabria no registraron ningún procedimiento de nulidad matrimonial el pasado año, como ocurrió en 2022.
Una tasa de disolución inferior a la media nacional
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población, Cantabria registró 184,7 procedimientos de este tipo por cada 100.000 habitantes, una tasa inferior a la de la media nacional (192,1).
El mayor número de demandas de disolución matrimonial en relación a la población se dio en Canarias (247,3 por cada 100.000 habitantes), seguida de la Comunidad Valenciana (223,1), mientras que los lugares que registraron menos demandas de este tipo fueron País Vasco (157,1) y Castilla y León (158,2).
Separaciones y divorcios por partidos judiciales
Por partidos judiciales, en Santander se presentaron 427 demandas de disolución matrimonial (409 divorcios y 18 separaciones) y en Torrelavega las demandas de este tipo ascendieron a 258 (254 divorcios y 4 separaciones).
En Castro Urdiales, las demandas de disolución matrimonial presentadas en 2023 103 (98 divorcios y 5 separaciones), mientras que en Medio Cudeyo ascendieron a 92 (91 divorcios y 1 separación).
En Laredo se presentaron 89 demandas de disolución matrimonial (87 divorcios y 2 separaciones) y en Santoña, 75 (73 divorcios y 2 separaciones).
Finalmente, en San Vicente de la Barquera, el juzgado registró 22 divorcios y en Reinosa, 19 divorcios y 2 separaciones.
Procedimientos de modificación de medidas
La estadística también analiza los procedimientos presentados en los juzgados solicitando la modificación de alguna de las medidas acordadas en sentencia –bien en sentencia de separación, divorcio o nulidad, bien en sentencia en la que el juzgado acordó medidas relativas a la guarda y custodia de hijos e hijas nacidos fuera del matrimonio-.
En 2023, los juzgados de familia de Cantabria registraron 445 peticiones de este tipo, quince más más que en el año anterior.
En su mayoría (295), las peticiones de modificación de medidas fueron no consensuadas, mientras que las de mutuo acuerdo ascendieron a 150.
Finalmente, los juzgados de Cantabria recibieron 431 procedimientos para la adopción de medidas sobre guarda, custodia y alimentos de descendientes nacidos en parejas no casadas que se rompen, ochenta menos que en 2022.
De ellos, 215 eran peticiones de mutuo acuerdo y 216 eran no consensuadas.
