El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha reclamado modificaciones en la política energética del Gobierno de la nación para garantizar que las empresas electrointensivas puedan competir en términos de igualdad con sus homólogas francesas o alemanas, donde el precio final de la energía es dos y tres veces más barato que en España.
Es la principal reivindicación que Eduardo Arasti ha trasladado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en el encuentro celebrado hoy en el Ministerio a petición del consejero cántabro, en el que también han repasado la situación de varios proyectos estratégicos para la Comunidad Autónoma como la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo o el Corredor del Hidrógeno Verde.
Arasti ha expuesto a Ribera la necesidad de tener en cuenta en la planificación de la red de transporte de energía eléctrica a corto y medio plazo las nuevas necesidades de Cantabria asociadas al nuevo área industrial de La Pasiega y a los proyectos de transición energética, descarbonización y generación y almacenamiento de hidrógeno verde, al tratarse de un factor clave para el desarrollo industrial de Cantabria.
Como primer punto del orden del día, el consejero ha transmitido a la vicepresidenta la «voz» de las industrias electrointensivas y calorintensivas de Cantabria y las peticiones que éstas le han hecho llegar en la ronda de reuniones que ha mantenido con todas ellas para conocer de primera mano su situación, estudiar medidas conjuntas para paliar los elevados costes energéticos que suponen un lastre para su competitividad, y elevar todas sus demandas al Gobierno central. «Lo único que piden es que no paguemos aquí lo que los demás no pagan», ha resumido.
El consejero cántabro ha explicado que la escalada en los últimos tiempos del precio de la energía, su volatilidad y unos precios finales eléctricos invariablemente superiores a los de nuestros competidores europeos han puesto a la industria electrointensiva española y cántabra en «una situación crítica».
En Cantabria se han sucedido los apagones de hornos, los ajustes de empleo y las deslocalizaciones de producción a filiales en otros países, que «pueden ser la antesala de deslocalizaciones empresariales, si no logramos cerrar esa brecha competitiva», ha advertido.
Arasti ha invitado a Ribera a mantener una reunión en Cantabria con las empresas electrointensivas de la comunidad autónoma, invitación que la vicepresidenta ha aceptado. «Es bueno escucharlas y hacerlo de forma directa, tanto para el Gobierno como para las empresas», ha enfatizado el consejero, quien también ha analizado con la vicepresidenta el grave problema de competitividad que sufre la industria electrointensiva española frente a otros países europeos como Francia, Alemania o Portugal por la importante diferencia en el precio final de la energía, debido a los costes añadidos al precio mayorista de la electricidad.
Según ha detallado, las empresas electrointensivas cántabras pagan más del triple por su electricidad que Francia y más del doble de lo que se paga en Alemania. «Estos costes diferenciales comprometen seriamente la viabilidad de esta industria caracterizada precisamente por un peso elevado de este factor de producción en su estructura de costes», ha abundado.
Para el titular de Industria del Ejecutivo cántabro, lo anterior prueba que el Gobierno de la nación tiene margen de maniobra para realizar cambios en la política energética que permitan aplicar medidas correctoras, reducir el precio final de la energía y aumentar la competitividad internacional de la industria electrointensiva española y cántabra.
Principales reivindicaciones
En línea con las principales reivindicaciones de la industria electrointensiva cántabra, el Gobierno de Cantabria defiende la reducción permanente de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución (la bonificación actual del 80% está previsto que finalice el próximo 30 de junio), y alcanzar la máxima compensación por CO2 indirecto en línea con los restantes países europeos, medida que la vicepresidenta ha considerado positiva.
Arasti ha puntualizado que esta partida tiene un peso muy significativo en la conformación del precio final eléctrico, ya que por sí sola representa una minoración del 73% del precio del pool alemán o del 65% en Francia, mientras que en España el descuento es mucho menor, del 28%.
Europa permite una compensación por el coste del C02 indirecto hasta un importe del 25% del total recaudado en las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). La directiva comunitaria permite, incluso, superar este umbral motivando el exceso.
En 2023, el Gobierno español recaudó un total de 3.584 millones de euros en las subastas de derechos de emisión de GEI y la compensación prevista por el Gobierno para este año es de 300 millones, un 8,3%, cuando se podrían destinar un total de 896 millones, aplicando a lo recaudado el límite del 25% permitido por la legislación europea.
El consejero de Industria ha argumentado que este patrón «se ha venido sucediendo año tras año», de forma que en el periodo 2021-2023, por ejemplo, se han concedido ayudas que representan de media el 8,5%, de lo recaudado, un total de 1.537 millones por debajo del límite establecido del 25%, mientras Francia y Alemania aplican la máxima compensación.
Incrementar la retribución del servicio de respuesta activa de la demanda o establecer otros mecanismos de interrumpibilidad efectivos para reducir el precio eléctrico de la industria electrointensiva, promover el acceso de los industriales a subastas de renovables, eliminar los impuestos que gravan a los generadores y dotar de contenido el Estatuto del Consumidor Intensivo completan el listado de reivindicaciones que Eduardo Arasti ha hecho llegar a Teresa Ribera en esta materia.
Planificación energética e hidrógeno verde
Por lo que se refiere a la red de transporte de energía eléctrica, Arasti ha urgido la publicación de la planificación definitiva de la nueva subestación Piélagos-La Pasiega, para poder iniciar su tramitación de cara a la puesta en servicio del área industrial.
Además, el consejero ha trasladado a la vicepresidenta las demandas más importantes detectadas en el proceso de evaluación previo a la planificación de la red de transporte para el periodo 2026-2030, para dar cobertura entre otros a los proyectos de hidrógeno verde, tanto los que ya están en cartera como otros que pudieran llegar dada la posición privilegiada de Cantabria en el Corredor Europeo que unirá Portugal con España y Francia.
Así, ha citado el proyecto de H2 en los terrenos de la antigua factoría Sniace en Torrelavega, el proyecto de almacenamiento previsto en Polanco o el proyecto de descarbonización de Solvay. «Son proyectos clave para el desarrollo industrial de la Cuenca del Besaya y del conjunto de Cantabria. Partimos con proyectos maduros, necesitamos potencia eléctrica para llevarlos a cabo», ha subrayado.
Asimismo, en relación con el proyecto de transición energética de la planta de Solvay, Arasti ha dado traslado a Ribera de las peticiones de la empresa en relación con los instrumentos de apoyo a la inversión necesarios para abordar este proyecto, que es clave para el futuro de la planta de Torrelavega.
Por último, Eduardo Arasti ha transmitido a Teresa Ribera la necesidad de agilizar la tramitación del proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, que será la mayor inversión de la historia de Cantabria y una infraestructura clave para los objetivos de descarbonización.
