El Gobierno de Cantabria ha anunciado el inicio del proceso de consulta pública previo a la elaboración del nuevo decreto de justicia gratuita. Este nuevo marco normativo busca abordar las demandas planteadas por los profesionales que participan en el turno de oficio, a través de sus respectivos colegios profesionales, que buscan un aumento en las retribuciones para abogados y procuradores, así como la ampliación de los supuestos de compensación económica por los gastos generados.
Este proyecto de ley se inserta dentro de los esfuerzos dirigidos a la firma del futuro Pacto para la Justicia, uno de los objetivos principales del Gobierno cántabro para esta legislatura, con el propósito de asegurar un servicio público de asistencia jurídica gratuita que responda a las necesidades de la Administración judicial, de sus empleados, profesionales del sector y de la ciudadanía en general.
El nuevo decreto modificará el anterior, que entró en vigor el año pasado pero que, antes de su aprobación definitiva por parte del gobierno anterior, ya se consideraba «obsoleto y desfasado» debido al largo proceso de elaboración y al aumento de la inflación. Esta situación ha provocado que el incremento económico aprobado no haya cumplido totalmente las expectativas de los profesionales en la región.
Además, la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa procederá a modificar el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, ya que algunos plazos establecidos eran considerados «imposibles de cumplir» por los colegios profesionales. También se corregirán errores materiales detectados en la normativa aprobada el año pasado.
Según la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, el Gobierno de Cantabria otorga máxima prioridad a la justicia gratuita y buscará dignificar la compensación económica del turno de oficio tanto para abogados como para procuradores, asegurando que la ciudadanía acceda a la justicia en igualdad de condiciones.
Este nuevo decreto, con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2024, busca agilizar la labor de los profesionales intervinientes y mejorar la gestión de los expedientes de justicia gratuita, en línea con el objetivo del Gobierno de Cantabria de simplificar la administración sin sacrificar la seguridad jurídica.
El proceso de consulta pública, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), permitirá recoger la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre el contenido de la norma antes de su elaboración. Los interesados tendrán 20 días hábiles para presentar sus alegaciones y sugerencias, que podrán realizarse a través de los registros públicos o del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Cantabria.
