Las estrategias implementadas por el Gobierno de Cantabria para abordar el desafío del despoblamiento rural han resultado en una desaceleración en la pérdida de población en los 39 municipios en riesgo. Durante 2023, la disminución demográfica en estos ayuntamientos fue del 0,04 por ciento, marcando una mejora con respecto al ejercicio anterior, según revela el último Informe anual del Consejo Asesor contra el Despoblamiento Rural, el cual evalúa el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico y analiza el Censo Anual de Población del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).
Aunque persiste la tendencia negativa en términos demográficos, el informe refleja una importante desaceleración en la reducción poblacional. De los 39 municipios en riesgo, el 48,7 por ciento muestra un saldo poblacional positivo, con localidades como Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabuérniga, Cieza, Cillorigo de Liébana, Herrerías, Miera, Rionansa, Ruente, San Miguel de Aguayo, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Tresviso, Tudanca, Valdeprado del Río, Valderredible y Vega de Pas registrando crecimiento demográfico.
Mientras tres municipios mantuvieron su población respecto a 2022, 17 experimentaron una pérdida poblacional, siendo Pesquera el más afectado con una disminución del 11,39 por ciento, mientras que San Miguel de Aguayo fue el que experimentó un mayor crecimiento poblacional, con un 12,9 por ciento.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, encargada de coordinar las iniciativas gubernamentales contra el despoblamiento rural, ha destacado que, si bien la diferencia de población total en estos municipios sigue siendo negativa, el ritmo de despoblamiento en Cantabria se ha desacelerado significativamente durante 2023.
Urrutia enfatizó las nuevas medidas implementadas, incluidas beneficios fiscales por residir en zonas rurales, reformas en la Ley de Suelo para facilitar la construcción de viviendas y actividades relacionadas, y un aumento del 95 por ciento en la financiación autonómica para obras públicas en municipios en riesgo de despoblamiento, frente al 80 por ciento en el resto de los municipios.
El informe anual del Gobierno cántabro detalla un total de 144 acciones y medidas llevadas a cabo en los 39 municipios en riesgo de despoblamiento. Estas incluyen deducciones fiscales del IRPF, incremento del personal docente en centros rurales, transporte escolar gratuito, ayudas a la compra de vivienda para menores de 35 años, entre otras.
En resumen, el compromiso del Gobierno de Cantabria para contrarrestar el despoblamiento rural se manifiesta a través de una amplia gama de medidas que buscan preservar la población y promover el desarrollo sostenible en las áreas rurales de la región.
Foto: Nacho Romero
