La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presidido hoy la constitución del Grupo de Trabajo participativo de Asistencia Jurídica Gratuita del Gobierno y de los colegios profesionales de abogados y procuradores de Cantabria para revisar el decreto actual.
La consejera de Justicia ha reiterado la necesidad de modificar este texto normativo, que “nació obsoleto”, debido a su dilatada tramitación en el tiempo, ya que se inició en 2020 y fue aprobado en 2023, para lo que se abordarán dos aspectos: en primer lugar se van a reducir las cargas administrativas que, tanto abogados como procuradores como los propios colegios, tienen a la hora de justificar la asistencia jurídica gratuita, “con mucho más motivo tratándose de la Consejería de Simplificación Administrativa”, ha apuntado Urrutia.
Por otro lado, ha explicado que su departamento va a llevar a cabo la revisión del baremo aprobado en el anexo II de ese decreto, actualizando las cantidades a percibir por estos profesionales que ejercen el turno de oficio, así como los diferentes conceptos, para ello se ha encargado un estudio con el fin de realizar una comparativa con las cantidades percibidas en otras comunidades autónomas.
En estos momentos, ha recordado Isabel Urrutia, Cantabria se encuentra a la cola en lo que respecta a las cantidades que los profesionales de la justicia gratuita perciben por su ejercicio profesional, únicamente por detrás de Ceuta y Melilla, por lo que la consejera de Justicia ha abogado por trabajar con los agentes implicados para “actualizarnos y ponernos a la vanguardia”.
Con esta reforma se busca ir de la mano de los colegios profesionales de Abogados y Procuradores de Cantabria, ha dicho la consejera, quien ha asegurado que el texto estará consensuado con los profesionales y se pretende tramitar de forma rápida para que, en el primer semestre del próximo año, ya haya obtenido todos los informes pertinentes, y quede definitivamente aprobado para su entrada en vigor, con las nuevas prestaciones. Por ello se han fijado una seria de reuniones que permitan seguir avanzando en dignificar el servicio que prestan los profesionales.
Además, la consejera de Justica ha resaltado que este nuevo decreto incorporará un modelo específico de “turno de oficio” para personas con discapacidad con el objetivo de garantizar su acceso a la justicia como derecho fundamental. En este punto ha expresado su satisfacción al lograr el acuerdo de todos los operadores jurídicos implicados para aceptar esta propuesta, en la que contarán con el apoyo del CERMI Cantabria.
Mejoras fiscales
La consejera también ha puesto en conocimiento de abogados y procuradores que desde su Consejería ya están trabajando con economía para encontrar una propuesta para introducir mejoras fiscales que beneficien a los profesionales que ejercen el turno de oficio, al contribuir con su trabajo al cumplimiento de fines sociales. Por ello desde el Gobierno de Cantabria se está analizando la posibilidad de que los profesionales del turno de oficio se puedan ver beneficiados fiscalmente mediante la deducción en el IRPF o alguna otra fórmula, que se planteará a la Consejería de Economía y Hacienda.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, ha expresado su satisfacción y ha agradecido la propuesta de la consejera para reformar el decreto de la justicia gratuita, asegurando que no se trata simplemente de “una foto que nos hacemos hoy”, sino de una apuesta firme, al fijarse para el próximo viernes un encuentro con el objetivo de avanzar en la tramitación del nuevo texto.
“Tengo la confianza plena en el compromiso de la consejera para mejorar este texto normativo y actualizar los baremos”, ha manifestado, al tiempo que ha resaltado el compromiso de incluir en el nuevo texto “la cobertura y asistencia jurídica especializada a algunos sectores como el de la discapacidad”.
Esta opinión ha sido compartida por el Colegio de Procuradores, que representado por su decana Rosaura Díez, ha reconocido la “sensibilidad y predisposición” de la Administración autonómica para atender la “dignificación” de la prestación del turno de oficio de los procuradores de Cantabria. “Estoy muy contenta de que la consejera haya recogido el guante de la solicitud del tratamiento fiscal o las consiguientes deducciones en la declaración renta”, que ha recordado fue una propuesta del Colegio de Procuradores.
Urrutia ha expresado su compromiso por alcanza unas retribuciones dignas para los abogados y procuradores, que den respuesta “a la importante labor que realizan”. Este Gobierno, ha dicho la consejera, se ha comprometido a mejorar las cantidades y aplicar las medidas necesarias para priorizar servicios esenciales para la ciudadanía, como es el derecho a una defensa gratuita y el turno de oficio.
Del total de los 1.201 abogados colegiados en nuestra Comunidad Autónoma un total de 553 están adscritos al turno de oficio, mientras que 154 procuradores desempeñan su labor profesional para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas más desfavorecidas. Desde el turno de oficio se actúa en servicio de asistencia al detenido, en materia de violencia de género y en el turno de extranjería.
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