La magistrada que investiga la tragedia de El Bocal ha decidido mover de fecha la declaración del representante de Dragados, José Emilio Pérez, después de que el propio ingeniero comunicara al juzgado que en estos momentos reside en Lima, Perú, por motivos laborales. La comparecencia, que en un primer momento estaba fijada para el 17 de julio, se celebrará finalmente el día 31 a las 09.30 horas, según consta en una providencia de 30 de junio citada por la prensa local.
La decisión llega tras la respuesta remitida por el propio Pérez al recibir la citación judicial. En ese escrito, el representante de la empresa explicó que su residencia actual estaba en la capital peruana y pidió intervenir por vía telemática o videoconferencia, teniendo en cuenta además la diferencia horaria de siete horas entre ambos países. Sin embargo, esa opción no habría resultado viable y la jueza ha terminado optando por aplazar la testifical dos semanas, coincidiendo con la previsión de que el ingeniero viaje a Santander a finales de julio.
Este nuevo cambio en el calendario procesal se produce en mitad de una instrucción especialmente sensible, marcada por el accidente de la pasarela de El Bocal, en el que murieron seis jóvenes y una séptima persona resultó herida grave. La causa sigue centrada en aclarar cómo se ejecutó la obra, qué responsabilidades podían derivarse de la construcción y, sobre todo, quién debía asumir la conservación y el mantenimiento de la infraestructura en el momento del siniestro.
La citación de José Emilio Pérez no ha estado exenta de controversia dentro del procedimiento. El abogado de la superviviente recurrió la decisión de la jueza de llamarlo a declarar como testigo-perito y no como investigado, una cuestión que ahora deberá resolver la Audiencia Provincial de Cantabria. Ese recurso añade un nuevo frente a una instrucción que ya ha ido acumulando incidencias, autos y pronunciamientos sobre el alcance real de las responsabilidades en la tragedia.
El movimiento judicial se produjo después de que, el 18 de junio, la magistrada Rosa Martínez acordara tomarle declaración a raíz de una petición parcial del Ayuntamiento de Santander. El Consistorio defendía entonces que la comparecencia del ingeniero era relevante para su defensa y sostenía que, aunque no hubiera querella contra él ni petición expresa de acusaciones o Fiscalía, no podía descartarse que su papel adquiriera importancia en el futuro dentro del procedimiento.
En su escrito, el Ayuntamiento argumentaba además que el representante de Dragados había acudido a la firma del acta de comprobación de las obras con conocimiento de que se había modificado la estructura de las pasarelas y de que no se habían probado, analizado ni certificado determinados materiales. Según esa tesis, la documentación incorporada a la causa apuntaría a que la pasarela levantada no coincidía con el diseño inicial y a que esa alteración se habría producido al margen de los trámites que debían haberse seguido.
El Consistorio fue más allá y calificó la estructura de «pasarela clandestina», una expresión con la que trató de subrayar que la solución finalmente ejecutada no habría seguido el cauce ordinario de control técnico y administrativo. En esa línea, el Ayuntamiento defendía que el representante de Dragados debía aclarar extremos relacionados con la subcontratación de Fronda, las órdenes dadas a esa empresa, las comprobaciones realizadas sobre materiales y compras, y también el análisis de otras posibles alternativas antes de la ejecución definitiva.
La finalidad de esa declaración, según el planteamiento municipal, no era solo conocer el grado de participación personal de José Emilio Pérez, sino también revisar toda la cadena de decisiones que pudieron desembocar en el accidente. El escrito del Ayuntamiento insistía en que el ingeniero debía explicar si el gabinete técnico de la empresa contrastó el proyecto elaborado por Fronda, si se evaluaron alternativas de subcontratación y de qué forma se documentó todo el proceso hasta el cierre de la obra.
La causa de El Bocal, que se abrió tras el derrumbe de la pasarela costera de Santander, ha ido dejando en el procedimiento un debate de fondo sobre el reparto de competencias entre administraciones y empresas privadas. En distintas resoluciones anteriores, la instructora ya había apuntado a la responsabilidad de la Demarcación de Costas en el mantenimiento de la senda y había descartado, por ahora, extender la investigación penal a Dragados en los términos que pretendía el Ayuntamiento.
Con este nuevo aplazamiento, la declaración de José Emilio Pérez pasa a convertirse en una de las próximas citas relevantes de la instrucción. La fecha del 31 de julio servirá para comprobar si finalmente comparece de forma presencial en Santander o si la jueza adopta otra decisión de cara a una pieza procesal que sigue generando interés por el papel que pudo desempeñar la empresa contratista en la construcción y revisión de la pasarela siniestrada.
