El futuro urbanístico de Santander se ha quedado en pausa. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido cautelarmente el proceso de contratación para la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOUS), un instrumento estratégico que debía guiar el crecimiento de la capital cantabra durante las próximas décadas. La decisión judicial, que se conoció esta semana, ha sido anunciada por el Ayuntamiento en un comunicado oficial, aunque la entidad local confía en «retomar lo antes posible» la tramitación del expediente.
El origen del frenazo judicial tiene un nombre claro: la empresa Omicron-Amepro, S.A., que fue excluida del procedimiento de licitación, interpuso un recurso especial en materia de contratación contra su propia expulsión del proceso. La compañía solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de toda la tramitación hasta que se resuelva definitivamente su recurso. El tribunal consideró procedente dicha medida cautelares al argumentar que la continuación del procedimiento podría ocasionar perjuicios en caso de que el recurso fuese finalmente estimado, lo que deja la tramitación suspendida hasta la resolución definitiva del expediente.
Durante el proceso de licitación del contrato, la mesa de contratación fue descartando progresivamente las ofertas presentadas en una evaluación técnica y administrativa que se extendió por varias fases. En una primera ronda quedó excluida la propuesta de Territorio y Ciudad, y posteriormente, en la última sesión de la mesa, se acordó la exclusión de la UTE Omicron-Amepro. Esta decisión de la mesa de contratación fue la que motivó el recurso de la empresa, que ahora reclama su reincorporación al procedimiento.
Tras culminar toda la evaluación técnica y administrativa, la Junta de Gobierno Local celebrada el 1 de junio había acordado la adjudicación del contrato a la UTE integrada por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.; Jornet Llop Pastor, S.L.P.; Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., S.A.; y Junquera Arquitectos, S.L.P. Esta consortium de empresas arquitectónicas y de ingeniería se había posicionado como la mejor valorada en el procedimiento, con un enfoque técnico y territorial que fue el factor determinante para su elección.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, Agustín Navarro, ha lamentado este nuevo retraso en un proceso que considera «fundamental para el futuro de Santander». El edil ha reiterado la necesidad de que la ciudad pueda disponer cuanto antes de un nuevo Plan General adaptado a la realidad actual, aunque ha subrayado que esta circunstancia es «completamente ajena a la voluntad del Ayuntamiento» y que responde a los tiempos propios de la tramitación administrativa y de las garantías legales que rigen los procedimientos de contratación pública.
Navarro ha mostrado su confianza en que el recurso pueda resolverse en el menor plazo posible para retomar el proceso cuanto antes. El concejal ha explicado que, durante todo el proceso de licitación, se han seguido rigurosamente los criterios de valoración establecidos, donde la suma de ambos sobres (cualitativos no evaluables mediante fórmulas con 46 puntos y criterios evaluables mediante fórmulas con 54 puntos) dejó el siguiente resultado: UTE Ezquiaga con 77,5 puntos, OMICRON AMEPRO con 76,5 puntos y Territorio y Ciudad con 75,5 puntos. Pese a las diferencias estrechas en términos numéricos, el expediente deja constancia expresa que la adjudicación se va decantando por el contenido técnico, el enfoque metodológico y la coherencia normativa, no por el precio ni por la experiencia acreditada.
El edil ha subrayado que esta suspensión cautelar «no paraliza el desarrollo de la ciudad, como tampoco lo han hecho los largos procesos urbanísticos vividos en las últimas décadas». Ha recordado que el vigente Plan General de 1997 ha permitido seguir impulsando el crecimiento y la transformación de Santander gracias a las más de 200 modificaciones puntuales aprobadas a lo largo de estos años, que han hecho posible adaptar el planeamiento a las necesidades de cada momento. El plan de 1997, aunque ya tiene casi tres décadas, ha demostrado su flexibilidad para permitir la evolución urbana de la capital.
La esperanza del Ayuntamiento es que este trance judicial sea transitorio. «Seguimos trabajando con las herramientas urbanísticas disponibles para que Santander continúe avanzando mientras se culmina un proceso imprescindible para el futuro de la ciudad», ha concluido Navarro. El proceso de redacción del nuevo PGOU se había estructurado en varias fases, desde el diagnóstico inicial hasta la aprobación definitiva, con un fuerte componente de participación ciudadana y adaptación a la normativa vigente, según se había anunciado cuando se puso en marcha la iniciativa.
El presupuesto inicial para la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y los trabajos complementarios era de 2,3 millones de euros, con una duración prevista de cinco años. La alcaldesa Gema Igual (PP) había anunciado en mayo de 2025 que se estima contar con equipo redactor a finales de ese año y que el documento esté concluido para finales de 2029. Ahora, con la suspensión judicial, estos plazos podrán verse afectados en el caso de que haya recursos, se realice una segunda fase de información pública, entre otros factores, lo que obligará a modificar los tiempos de respuesta con nuevos periodos de exposición y evaluación de alegaciones.
Este no es el primer choque judicial que Santander tiene con su planners urbanístico. El Tribunal Supremo ya anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Santander aprobado el 17 de septiembre de 2010 por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, al estimar un recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales (ARCA). El alto tribunal consideró que no estaba garantizada la suficiencia de recursos hídricos para abastecer a la población prevista en el PGOU, una «circunstancia externa» al planeamiento que fue laprojectura de la anulación.
La nueva suspensión del proceso de contratación del PGOU representa un desafío para el Ayuntamiento de Santander, que debe demostrar que puede superar los obstáculos jurídicos y mantener el impulso urbanístico que la ciudad necesita. Mientras se resuelve el recurso de Omicron-Amepro, la capital cantabra continuará creciendo bajo las herramientas del plan de 1997, que ha demostrado su capacidad de adaptación a través de las más de 200 modificaciones aprobadas en casi tres décadas de vigencia.
