La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha activado la emergencia cinegética temporal por jabalí en cinco municipios cántabros: Vega de Liébana, Cabezón de Liébana, Pesaguero, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente. La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), entrará en vigor de inmediato y se extenderá como mínimo hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga según la evolución poblacional.
Causas de la declaración y riesgos asociados
La medida responde al crecimiento descontrolado de la especie, impulsado por su alta capacidad reproductiva y el abandono rural, que genera daños en explotaciones agrarias, accidentes de tráfico y amenazas sanitarias. El jabalí actúa como reservorio de enfermedades como tuberculosis, peste porcina africana, brucelosis y Aujeszky, con potencial zoonótico para humanos y ganado, agravando la sanidad animal en zonas ganaderas.
La sobreabundancia compromete la seguridad vial en carreteras y el Programa Nacional de Erradicación del Jabalí, priorizando la contención en áreas críticas. La consejera ha enfatizado el seguimiento constante para ajustar las acciones, defendiendo estas herramientas como eficaces para minimizar impactos negativos.
Medidas extraordinarias implementadas
La figura de emergencia prioriza y simplifica autorizaciones para controles solicitados por ayuntamientos y cotos, incrementando un 50% las batidas permitidas y eliminando cupos de captura en la caza ordinaria para maximizar la presión poblacional. Se autorizan batidas excepcionales fuera de temporada si persisten riesgos viales o sanitarios, junto con aguardos, esperas, jaulas trampa y dispositivos como visores nocturnos en condiciones específicas.
En núcleos urbanos o zonas no aptas para caza convencional, los Agentes del Medio Natural reforzarán capturas directas. Se prohíbe estrictamente la tenencia de jabalíes vivos o híbridos en los municipios afectados, ordenando el sacrificio de ejemplares previamente autorizados. Estas intervenciones buscan reducir densidades de forma selectiva y temporal.
Esta resolución sigue a la propuesta debatida en el Consejo Regional de Caza, alineándose con estrategias interautonómicas como LICICAZ para un control coordinado. El Gobierno mantendrá vigilancia para evaluar eficacia y posibles ampliaciones territoriales.
