La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha restado trascendencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que declara la no vigencia del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de La Pasiega, en Piélagos, al considerar que no cuestiona su validez y no afectará las obras en curso del futuro centro logístico. Buruaga ha anunciado que el Ejecutivo mantendrá su hoja de ruta y decidirá esta semana su estrategia jurídica para garantizar la seguridad del proyecto y el interés general de la comunidad.
Fundamento de la sentencia judicial
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en resolución notificada el 20 de abril y firme al no caber recurso, confirma que el PSIR no entró en vigor por la ausencia de publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) tras la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno el 5 de mayo de 2022. El BOC solo incluyó el acuerdo y un índice con enlace web para consulta, medida que el tribunal juzga insuficiente en la era digital.
La doctrina fijada establece que la entrada en vigor exige la publicación completa en el BOC, sin remisiones externas, ya que «carecería de sentido que el texto de una norma no se publicara». Esta sentencia resuelve un recurso del Ayuntamiento de Piélagos contra una resolución del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Santander que anuló la liquidación del IBI 2023 de fincas afectadas, al no clasificarse como urbanas sin vigencia del PSIR.
Contrasta con una sentencia del mismo TSJC de octubre de 2025 que validó el proceso expropiatorio por publicación mediante link, aún pendiente de casación ante el Supremo. Buruaga atribuye la omisión de publicación íntegra al anterior Ejecutivo PRC-PSOE, heredando una «cuestión compleja».
Posición del Gobierno regional
Buruaga ha precisado que la sentencia aborda la vigencia, no la validez del PSIR, por lo que no incide en las actuaciones derivadas ni paraliza las obras iniciadas. El Gobierno trabaja en dos frentes: solicitar nulidad de actuaciones en el procedimiento donde no fue parte, y diseñar con rigor una respuesta para apuntalar la seguridad jurídica del plan y sus derivados.
La mandataria ha garantizado defensa de la legalidad administrativa y protección del desarrollo del centro logístico, priorizando el interés general. Fuentes jurídicas del Ejecutivo ven la resolución como puntual, sin impacto en la ejecución normal del proyecto, que avanza según lo previsto desde septiembre de 2024.
Esta postura se enmarca en el compromiso de estabilidad para inversiones estratégicas en Piélagos, evitando incertidumbre para promotores y administraciones. El Gobierno prevé concretar medidas esta semana, manteniendo el pulso urbanístico pese a la contradicción judicial reciente.
