La jueza titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha extendido la acción penal a un tercer funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria, el exjefe del Servicio de Proyectos y Obras desde la instalación de la pasarela de El Bocal en 2014 hasta su jubilación en mayo de 2023. Este responsable se une al actual jefe del servicio, Enrique Rodríguez Sánchez, y al director de la Demarcación, José Antonio Osorio, por posible comisión de seis delitos de homicidio imprudente grave —agravados por pluralidad de víctimas— y uno de lesiones grave, derivados del colapso de la estructura el pasado marzo, que causó seis muertes y una superviviente herida.
En un auto notificado , la instructora determina que el nuevo investigado ostentaba una «posición de garante» sobre la seguridad estructural, con obligación de promover inspecciones y mantenimiento durante ese periodo. El informe pericial judicial concluye que la ausencia de tales actuaciones impidió detectar el deterioro progresivo, materializado en el fallo catastrófico de la pasarela, abierta al público sin restricciones ni controles desde su construcción en 2014.
La magistrada califica estas omisiones como «negligencia grave», al centrarse el único mantenimiento realizado en la madera, ignorando herrajes inadecuados para un entorno costero expuesto. Cada responsable de la Jefatura de Obras contribuyó causalmente al riesgo no controlado, dada su capacidad de actuación por cargo.
Los tres funcionarios declararán como investigados el 15 de mayo, fecha en la que se practicará la prueba pericial completa: la judicial ya entregada, más las de acusaciones particulares y defensas, con informes previos obligatorios. Se autoriza inspección ocular en el lugar para toma de muestras por peritos de todas las partes.
La jueza rechaza imputar al ingeniero firmante del subproyecto de pasarelas, solicitado por el Ayuntamiento de Santander, manteniéndolo como testigo-perito. Argumenta que su labor era parcial, integrada y avalada por el director de obra ya investigado, sin denuncia expresa del fiscal ni partes.
Adicionalmente, atiende la defensa de la agente de Policía Local investigada solicitando a la institución datos policiales de llamadas entrantes al 112 entre las 12:14 y 14:30 horas del día previo al accidente —cuando un vecino alertó del mal estado—. Se desglosará actuaciones comisionadas a Policía Local, Movilidad Urbana o ninguna.
La pericial destaca herrajes inadecuados para ambiente exterior, sin inspecciones que detectaran corrosión, limitándose intervenciones a madera. El colapso se atribuye a deterioro no abordado en elementos críticos.
El siniestro, ocurrido en marzo, se saldó con seis fallecidos —jóvenes de Camargo, Vizcaya, Guadalajara, Almería— y una superviviente alavesa herida grave, cuya exploración forense se ordena para precisar secuelas.
La instructora ordena examen médico forense a la superviviente para evaluar lesiones. Este auto profundiza la imputación por imprudencia grave, en una causa que indaga omisiones en la senda costera de 2014.
