El titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Santoña ha reconocido que Luis Herrera Armijo fue condenado a muerte en el año 1939 “sin haber cometido delito alguno”. La resolución judicial responde a una petición formulada por la Fiscalía de Memoria Democrática, que promovió la apertura de un expediente de jurisdicción voluntaria con el fin de declarar oficialmente los hechos.
Según el auto, el procedimiento por el que Herrera Armijo fue sentenciado constituyó un juicio sumarísimo “sin garantías, sin defensa posible y carente del más elemental respeto a los derechos humanos”. La sentencia condenatoria, añade el magistrado, “se sustentó en hechos no contrastados y alejados de la realidad”.
Tras la proclamación de la condena a muerte, la pena le fue posteriormente conmutada por la de reclusión mayor, y en 1945 obtuvo la libertad provisional. Durante ese periodo —subraya la resolución—, el afectado “fue privado de libertad de forma arbitraria e injusta” y, aun después de su excarcelación, “permaneció bajo vigilancia constante”.
El tribunal destaca que el control se prolongó incluso tras su fallecimiento. De acuerdo con los documentos aportados, Herrera Armijo debía presentarse anualmente ante una autoridad judicial y llegó a ser requerido para comparecer con motivo de la visita oficial de Francisco Franco al País Vasco en 1968, cuando ya había muerto.
Durante la comparecencia celebrada ante el juzgado, la hija del afectado ratificó estos hechos y los vinculó a la militancia sindical de su padre y al hecho de que se encontraba cumpliendo el servicio militar en el momento del golpe de Estado de 1936. La testifical fue respaldada con pruebas documentales.
El auto también recoge que la esposa de Herrera Armijo “aceptó con resignación” la situación de vigilancia y persecución que sufrió su familia durante décadas, manteniendo silencio ante las circunstancias impuestas por el régimen.
