La Guardia Civil de Cantabria ha culminado la segunda fase de la operación “Leviatán” con la desarticulación de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. En el marco de esta actuación, desarrollada con el apoyo del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se investigan también delitos de falsedad documental, alzamiento de bienes y fraude contra la Seguridad Social.
En total, han sido arrestadas once personas, tres de las cuales ya habían sido detenidas durante la primera fase de la operación por su implicación en un supuesto delito de tráfico de drogas. Otros seis de los ahora detenidos actuaban presuntamente como testaferros y los dos restantes mantienen relación con una empresa con sede en Castro Urdiales.
La operación “Leviatán” se inició en julio del pasado año, cuando los investigadores desmantelaron un punto activo de venta de cocaína en Castro Urdiales y en varios municipios de la zona oriental de Cantabria. Aquella primera fase se saldó con cinco detenciones y la intervención de más de tres kilos de cocaína —cantidad con la que se estimaba podrían haberse distribuido unas 12.000 dosis—, además de siete armas cortas, cuatro largas, munición y diversas cantidades de dinero en efectivo.
De las pesquisas desarrolladas entonces surgieron los primeros indicios de un posible entramado económico vinculado al blanqueo de capitales, con ramificaciones tanto en España como en Paraguay. A partir de ahí, los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Castro Urdiales iniciaron una exhaustiva investigación patrimonial sobre los principales sospechosos. Las pesquisas permitieron constatar que, pese a no registrar actividad laboral conocida durante los últimos dos años, los implicados habían enviado cerca de 100.000 euros a Paraguay, fondos que se habrían destinado a la construcción de un chalet de grandes dimensiones en aquel país.
El dinero era transferido mediante locutorios y a través de intermediarios que también figuran entre los detenidos. Uno de ellos llegó a efectuar más de veinte envíos por un importe acumulado de unos 24.000 euros. Además, los investigadores detectaron la adquisición de tres inmuebles en Castro Urdiales, así como la compra de diversas fincas y vehículos, todo ello a nombre de familiares o personas interpuestas.
Durante la investigación se descubrió igualmente que uno de los detenidos percibía un salario mensual de 1.800 euros durante once meses sin realizar trabajo alguno en la empresa en la que figuraba contratado, ubicada también en Castro Urdiales. Según las pesquisas, esta persona habría entregado dinero procedente de la venta de drogas a un responsable de la empresa, quien a su vez le devolvía parte de esos fondos en concepto de nómina, e incluso se habría tramitado una subvención asociada a esa contratación ficticia.
La Guardia Civil trasladará además un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria ante las presuntas irregularidades detectadas en la citada empresa.
