El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga, ha apoyado públicamente la concentración de las tres sedes judiciales de Santander en un único edificio moderno, asequible y funcional, en línea con lo que se ha hecho en otras capitales autonómicas de España. En una entrevista concedida a Radio Nacional de España, tras su toma de posesión como máximo representante del Poder Judicial en la región, Arsuaga ha señalado que alcanzar este objetivo requiere consenso político, planificación a medio y largo plazo y un compromiso presupuestario claro por parte del Ejecutivo autonómico.
El magistrado, que permaneció durante dos décadas al frente de la Audiencia Provincial antes de acceder a la presidencia del TSJC, ha puesto como referente la unificación de las sedes de Las Salesas, la calle Alta y el edificio Europa, distintos espacios hoy dispersos en el casco urbano santanderino. En su opinión, la situación actual es “compleja” y demanda una reflexión más amplia que la coyuntura de seis meses o un año, porque, de lo contrario, se corre el riesgo de “llenar lo que ya está lleno” sin abordar de forma estructural las carencias del parque judicial.
Arsuaga ha subrayado que este proyecto depende en gran medida de la disponibilidad de recursos y del grado de voluntad institucional, y ha emplazado al Gobierno de Cantabria a sentarse a valorar las perspectivas a cinco, diez, quince y veinte años. En el caso de Las Salesas, un edificio con origen conventual del siglo XIX, el presidente considera especialmente difícil adaptarlo a las exigencias de un órgano de justicia del siglo XXI, dada la “rigidez arquitectónica” que presenta y la dificultad de transformarlo en un centro de oficinas plenamente funcional sin tocar en exceso su naturaleza histórica.
Aunque ve como un horizonte lejano la materialización de una sede única, el recién nombrado presidente ha señalado que el reto no es lograrlo en los próximos cinco años, sino sentar ya las bases de un diseño conjunto que permita tender a esa concentración a lo largo de la siguiente década. En paralelo, Arsuaga ha fijado otros objetivos que considera “urgentes” para mejorar la gestión del servicio judicial, sin esperar a que esté resuelta la cuestión inmobiliaria.
Entre sus prioridades figura incrementar la dotación de jueces en Cantabria, ampliando la cantidad de plazas disponibles para poder atraer a profesionales que deseen incorporarse a la comunidad autónoma. En 2026 se crearán cuatro nuevas plazas ya anunciadas, que deberán ocuparse por jueces titulares, ya que en caso contrario pasarían a ser cubiertas por justicia interina o por jueces sustitutos. Arsuaga confía en que esas plazas se adjudiquen a titulares, ya que existen magistrados que ya desarrollan su labor en otras comunidades y que “tienen vocación” de regresar o establecerse en Cantabria, pero ha advertido que, aun así, cuatro incorporaciones son “insuficientes” para cubrir la carga actual.
Según el propio presidente, se necesitarían “por lo menos ocho” plazas más con carácter urgente para garantizar una respuesta judicial más temprana y de mayor calidad, sin colapsos en los diversos órganos de la comunidad. Junto a este incremento de personal, Arsuaga ha señalado su interés por revisar y optimizar el funcionamiento de las oficinas que dan soporte a los jueces, especialmente tras la puesta en marcha del nuevo modelo de organización impulsado por la Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia.
La normativa, que entró en vigor hace algo más de un año con una implantación escalonada, ha dividido su aplicación en fases: la primera, en julio, y la segunda, en enero de 2026, periodo en el que se ha producido una transformación parcial de la estructura administrativa del Poder Judicial en la región. Arsuaga ha reconocido que ya se empiezan a apreciar algunos efectos de la primera fase, pero ha subrayado que, en términos generales, los cambios aún no son “relevantes” en la mayoría de los partidos judiciales, salvo en Torrelavega, donde el impacto ha sido más perceptible.
En Santander, el presidente ha considerado que es “muy pronto” para emitir un juicio definitivo sobre la eficacia del nuevo modelo, ya que la implantación se ha formalizado en enero y aún no ha transcurrido tiempo suficiente para valorar si el diseño y la ejecución son correctos. Por ello, como primera medida ha anunciado que, a partir del próximo jueves, visitará todos los partidos judiciales de Cantabria para escuchar de primera mano la experiencia de jueces y directores de oficinas, con el fin de introducir ajustes en el sistema si se considera necesario.
En su valoración de la Ley de Eficiencia, Arsuaga ha defendido que la reforma era necesaria porque, hasta ahora, la creación de una plaza de titular implicaba obligatoriamente la creación de otra de letrado de la Administración de Justicia y de un número adicional de funcionarios, lo que encarecía de forma significativa el coste de ampliar la planta judicial. Con el nuevo modelo, según ha explicado, es posible aumentar el cuerpo de jueces sin que ello conlleve un crecimiento automático del número de letrados y funcionarios, lo que permite una organización más flexible, moderna y económica.
En este sentido, el presidente del TSJC ha descrito la nueva estructura como “más moderna, más flexible y más funcional”, con una capacidad de adaptación superior a la del esquema anterior, y ha señalado que, de cara al futuro, esta fórmula podría facilitar que Cantabria cuente con una base de jueces más amplia sin incrementar de forma desproporcionada el gasto público en personal. Aun así, ha advertido de que la transición inicial puede ser “un poco más caótica”, pero confía en que con el tiempo se consolidará un sistema más ordenado y eficaz.
