El Ministerio para la Transición Ecológica ha dictado el fin práctico del proyecto eólico Corus en Cantabria, dando carpetazo a la autorización de la empresa promotora Global Vidulante para instalar en la zona oriental diez aerogeneradores de unos 200 metros de altura. La decisión estatal llega tras un proceso en el que el proyecto ya arrastraba multitud de obstáculos, incluidos tres informes técnicos desfavorables emitidos por el Gobierno autonómico, encargados de analizar la viabilidad ambiental y territorial de la instalación.
El Ministerio desestima la solicitud de autorización administrativa para la potencia prevista de 66 megavatios, así como para la infraestructura de evacuación asociada, al considerar que no concurren los requisitos necesarios para su aprobación. La resolución se fundamenta, principalmente, en dos cuestiones: por un lado, la declaración de impacto ambiental desfavorable emitida el pasado agosto por la Subdirección General de Evaluación Ambiental, que concluye que podrían producirse “posibles impactos negativos significativos” sobre el medio ambiente y que las medidas de mitigación propuestas por la empresa no garantizan su prevención ni corregirlos; y, por otro, en la caducidad de los permisos de acceso y de conexión a la red de transporte, confirmada por Red Eléctrica de España en diciembre de 2025.
Estos reparos se sitúan en la misma línea que las advertencias previas del Gobierno de Cantabria, que ya en 2024 emitió tres informes contrarios a Corus, señalando que el parque eólico causaría impactos «severos y críticos» sobre la avifauna, los murciélagos y el entorno general, por afectar a recursos naturales y patrimoniales de la zona oriental. Además, la Administración regional consideró que la documentación ambiental presentada por Global Vidulante era insuficiente, poco detallada y acorde a estándares metodológicos inferiores a los mínimamente exigibles en evaluaciones de esta envergadura.
En aquel momento, el consejero de Fomento Regional, Roberto Media, defendió la actuación del Ejecutivo autonómico asegurando que, “como en todos los demás proyectos”, se había procedido con “total responsabilidad”, a pesar de las críticas y acusaciones de “alarma” y “populismo” vertidas por otros partidos políticos. El referente claro eran las iniciativas presentadas en el Parlamento de Cantabria por el PRC y la posición contraria mantenida por buena parte de los alcaldes de los municipios afectados, a quienes Media acusó de mentir cuando afirmaban que el Gobierno cántabro se había puesto “de perfil” en torno a Corus.
El proyecto, diseñado para repartirse entre Liendo, Ampuero, Limpias y Guriezo, buscaba articular una fórmula de participación vecinal innovadora en el ámbito de la energía eólica. Global Vidulante, en colaboración con Grupo Aspiravi como socio principal, planteaba que Corus se convirtiera en el primer parque eólico de Cantabria en el que los vecinos pudieran participar como inversores y percibir, de forma directa, parte de los rendimientos económicos derivados de la generación de electricidad renovable. Aspiravi, empresa participada mayoritariamente por un centenar de municipios belgas, ha consolidado este modelo de proximidad en el contexto europeo, vinculando a ayuntamientos y ciudadanos en la gestión y los beneficios de la producción eólica.
Pese a la contundencia de la resolución del Ministerio, no se cierra de forma automática la vía administrativa. La empresa promotora dispone de un plazo de un mes para presentar recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, a través del cual podría pretender la revisión de la decisión. Si pasado ese plazo no se interpone recurso, o bien se resuelve de forma definitiva en su contra, la resolución adquirirá carácter firme y el proyecto quedará definitivamente inactivo en el marco regulatorio español.
Hasta entonces, la Administración mantiene como argumento central la combinación de un juicio ambiental negativo, la ausencia de garantías técnicas sobre la minimización de impactos y la caducidad de los derechos de acceso y conexión a la red, factores que, en conjunto, impiden que Corus pueda avanzar como proyecto viable en el territorio cántabro.
