La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado la práctica de nuevas diligencias de investigación con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del accidente registrado el pasado 3 de marzo en la pasarela de El Bocal, en el que perdieron la vida seis personas.
En una providencia reciente, la magistrada dirige parte de sus requerimientos al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de Santander, a quienes solicita el protocolo de actuación vigente en la fecha de los hechos para la gestión de avisos y emergencias. En particular, reclama la documentación relativa a los procedimientos de “recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos en general, y sobre riesgos en infraestructuras públicas, en particular”. Además, interesa que se le remita cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que fije criterios de actuación para los operadores de estos servicios.
La instructora centra también parte de la investigación en las eventuales advertencias previas sobre el estado de la estructura siniestrada. Para ello, ha pedido al Ayuntamiento de Santander que aporte copia de las actas de los últimos cinco años del Consejo de Distrito Noroeste, ámbito en el que se encuadra la zona vecinal de Cueto y Monte, con el fin de comprobar si se formularon quejas o comunicaciones relativas al estado de conservación y mantenimiento de la pasarela.
Paralelamente, la jueza ha encomendado al Grupo III de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial la recopilación de información sobre posibles quejas o avisos registrados en diversas instancias. En concreto, deberá indagar en registros públicos u oficiales, como la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Santander o la propia Policía Local, y también en plataformas de incidencias ciudadanas, asociaciones vecinales del entorno, medios de comunicación y redes sociales, con el propósito de determinar si existían advertencias previas documentadas sobre la situación de la pasarela.
La resolución judicial incluye igualmente la designación de un perito judicial con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, al que se encarga la elaboración de un informe técnico exhaustivo sobre la infraestructura colapsada. La magistrada le insta a realizar una inspección in situ de la pasarela y a pronunciarse sobre la existencia de signos visibles de deterioro —detallando cuáles—, la fecha previsible del último mantenimiento efectuado y la suficiencia o eventual negligencia de las labores de conservación realizadas.
El dictamen pericial deberá precisar, además, la normativa vigente en el momento de la construcción de la pasarela, así como la regulación aplicable en materia de inspección y mantenimiento de infraestructuras de similares características. El experto tendrá que indicar también la periodicidad de las revisiones exigible conforme a esa normativa, aspecto clave para valorar si se cumplieron o no los estándares de seguridad y conservación legalmente establecidos.
En el plano procesal, tras el ofrecimiento de acciones realizado por el órgano judicial a los familiares de las víctimas mortales y a la única superviviente del accidente, hasta la fecha se han personado en la causa tres de las familias afectadas, según han confirmado fuentes judiciales. Junto a ellas figura también el Ayuntamiento de Santander, cuya personación ha sido admitida en calidad de posible responsable civil, después de presentar el correspondiente escrito para intervenir en el procedimiento.
Estas nuevas diligencias se suman a las ya acordadas con anterioridad por la misma magistrada, entre ellas la citación como investigada de la agente de la Policía Local que recibió una llamada del 112 el día previo al siniestro alertando del estado de la pasarela, así como la declaración de diversos testigos y la petición de documentación completa sobre la senda costera y la infraestructura siniestrada.
