María José Sáenz de Buruaga (PP), presidenta de Cantabria, ha insistido en no romper el frente común político para defender los intereses de la comunidad autónoma ante la propuesta de financiación que califica de «inadmisible» y «absolutamente intolerable» por parte del Gobierno de España. Su Ejecutivo no se quedará «quieto ni callado», sino que «dará la batalla» en todos los frentes necesarios, incluido el judicial. «Vamos a echar toda la carne en el asador», ha prometido durante una visita al polígono Alto Asón en Ramales de la Victoria, con motivo del inicio de las obras de una nave para cuadrillas forestales contra incendios.
Buruaga ha arremetido especialmente contra Pedro Casares, secretario general del PSOE cántabro y delegado del Gobierno, cuya defensa del modelo le «preocupa mucho» y no entiende ni puede justificar. Le ha retado a que «lo explique si puede», lamentando que en su caso sea «siempre sí a Sánchez y no a Cantabria, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra».
Apoyo social y político unido
Además del pacto político, el Gobierno busca sumar el respaldo social en esta lucha, porque «Cantabria pierde» con el nuevo sistema. «Aquí no estamos hablando de cuestiones ideológicas, ni de consignas ni de discursos de partido. Esto no es una cosa de izquierdas o de derechas, aquí estamos hablando de la sociedad del bienestar, del futuro de nuestros hijos, de las cosas del comer y de sostener nuestros servicios públicos esenciales», ha defendido la presidenta.
Ha llamado a ir «unida detrás de la única bandera que vale, que es el interés de nuestra comunidad autónoma y dejar de lado otro tipo de intereses». Para Buruaga, la propuesta central no responde a las necesidades de la España autonómica ni blinda servicios públicos en igualdad y equidad, sino que obedece a «chantajes» y «presiones constantes» del separatismo catalán, además de las «hipotecas que tiene contraídas Pedro Sánchez» y una «clave de urgencia o necesidad electoral».
Imposible sostener servicios esenciales
La jefa del Ejecutivo regional ha advertido que con este modelo será «imposible» mantener durante los próximos años, «probablemente la próxima década», los estándares actuales en sanidad, educación o servicios sociales. Cantabria «plantará cara» en todos los foros, empezando por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este miércoles, donde espera conocer «con más detalle» la propuesta.
No descarta ir al Tribunal Constitucional si se aprueba, aunque lo ve «poco probable» por requerir una ley orgánica en el Congreso. Buruaga ha dejado estas declaraciones a preguntas de la prensa en Ramales, subrayando que la batalla por una financiación justa no es partidista, sino vital para el bienestar cántabro frente a un diseño que prioriza otras prioridades sobre las necesidades reales de la comunidad autónoma.
