Cantabria contará desde mañana con su primera Ley de Participación Ciudadana, una norma pionera en la comunidad que busca ampliar y fortalecer los canales de implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. La Ley 7/2025 de Participación Ciudadana en la Administración de Cantabria, publicada hoy en el Boletín Oficial de la comunidad, completa el marco normativo en materia de transparencia y buen gobierno iniciado en 2017 con la Ley de Transparencia autonómica.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha destacado que esta normativa “supone un paso decisivo en la mejora de la calidad democrática y la eficiencia de las políticas públicas”, y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo de Buruaga con la modernización de la administración autonómica. “Damos un paso muy importante hacia un gobierno más abierto y colaborativo, que escuche a la ciudadanía y actúe en beneficio de todos los cántabros”, ha afirmado.
Urrutia ha enmarcado la nueva ley dentro de las reformas impulsadas durante la legislatura para agilizar la gestión y promover un modelo de administración “más accesible, digital y cercana”. En este sentido, ha recordado que su departamento también ha promovido la reciente Ley de Simplificación Administrativa, orientada a facilitar los trámites tanto a ciudadanos como a empresas. “Nuestro objetivo es que la Administración pública sea ágil, segura, eficaz y capaz de favorecer el crecimiento económico y social”, ha añadido.
Un derecho individual y colectivo
La norma regula por primera vez en Cantabria el derecho de participación ciudadana, que podrá ejercerse tanto de manera individual como a través de entidades colectivas. Podrán participar personas físicas, asociaciones, federaciones, entidades sin ánimo de lucro, plataformas o foros ciudadanos, sindicatos, organizaciones empresariales y colegios profesionales, entre otros.
Su ámbito de aplicación abarca todo el proceso de diseño, planificación, ejecución y evaluación de las políticas y servicios públicos impulsados por el Gobierno de Cantabria y su sector público institucional.
Además, la ley refuerza el acceso a la información pública con el fin de garantizar que las aportaciones de la ciudadanía sean tenidas en cuenta de forma efectiva en la elaboración de las políticas públicas.
Instrumentos y medidas
La nueva legislación establece cinco instrumentos principales de participación: los procesos de deliberación participativa, la iniciativa ciudadana para proponer políticas y servicios, los presupuestos participativos, las consultas ciudadanas y la evaluación de políticas y servicios públicos.
También fomenta una cultura participativa basada en la formación y la sensibilización desde etapas tempranas, la colaboración con las entidades locales y el fortalecimiento de la sociedad civil. Entre las obligaciones que impone a la Administración autonómica figuran la integración de la participación ciudadana en su actividad cotidiana, la realización de acciones de difusión y el impulso al asociacionismo y a la participación digital.
Portal y Programa de Participación Ciudadana
La ley crea el Portal de Participación Ciudadana, una plataforma institucional donde los ciudadanos podrán implicarse directamente en los procesos de toma de decisiones. Además, establece el Programa de Participación Ciudadana, un documento estratégico de carácter bienal que recogerá los asuntos públicos sometidos a consulta y deberá aprobarse por el Consejo de Gobierno.
Como límites, la norma excluye los procesos que promuevan intereses particulares o materias ajenas a las competencias del Ejecutivo cántabro, así como aquellos que coincidan con períodos electorales, mociones de censura o cuestiones de confianza.
Por último, la ley organiza la estructura administrativa en materia de participación, con un órgano directivo central y unidades especializadas en cada consejería, e incluye medidas para divulgar y acercar la participación a la población a través de programas de formación, guías explicativas, campañas informativas y actividades educativas.
