La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha presentado en rueda de prensa el nuevo decreto que actualiza la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida en la comunidad autónoma de Cantabria, dejando atrás la normativa de 2001 para adaptarla al Real Decreto 1056/2014 estatal y a la directiva europea que fija un modelo único reconocido en la UE. Acompañada por Eduardo Miguel Rubalcaba, director general de Dependencia, ha dejado claro que el objetivo es barrer cualquier obstáculo a la libre circulación, conscientes de que la accesibilidad es el gran talón de Aquiles para este colectivo: 8.387 personas afectadas entre 2020 y 2024, 4.705 mujeres y 3.682 hombres.
Gómez del Río ha sido rotunda: «Era una deuda pendiente, de pura justicia, que debió regularse hace más de diez años tras el RD de 2014, que obligaba a las autonomías a adaptarse en un año y aquí nos quedamos cortos». El texto simplifica y refuerza derechos con novedades como el procedimiento para discapacitados visuales graves –informe de oftalmólogo si no hay EVO previo o certificación ONCE para afiliados–, un modelo unificado gestionado por el ICASS con diseño europeo antisuplantación y suministro a ayuntamientos para coherencia total.
Destaca la unificación de validez a 10 años para movilidad permanente, independientemente de la edad, y lo mismo para vehículos de transporte colectivo social o dependencia; casos temporales según gravedad, y provisionales humanitarias hasta un año prorrogables. Renovable seis meses antes –antes eran tres–, con prórroga automática de la antigua hasta resolución. Las emitidas antes siguen válidas hasta caducar, y los ayuntamientos tienen seis meses para ajustar ordenanzas. Válidas nacional e internacionalmente en UE, con reciprocidad, y uso personal para conducir o ser transportado, intransferible, garantizando acceso público.
Puede solicitarla quien tenga discapacidad oficial con movilidad reducida, visual grave con agudeza o campo muy limitado, vehículos colectivos para servicios sociales o dependencia, y excepcionales humanitarias por patologías graves. En vigor 20 días tras publicación en BOC, el 27 de enero de 2026, es un paso firme para seguridad jurídica, menos burocracia y más igualdad en aparcamientos, alineando Cantabria con Europa y Estado tras dos décadas de retraso.
