Cantabristas ha formalizado alegaciones contra el proyecto de la carretera Suances‑Requejada, al que define como “un timo” por entender que se articula a través de una “falsa concesión” con un sobrecoste millonario. Según sus cálculos, la obra tendría un coste directo cercano a los 70 millones de euros, pero el esquema planteado elevaría el pago total hasta unos 180 millones, más del doble, sin que aprecien una mejora proporcional del interés general.
El partido sostiene que el modelo impulsado por el Gobierno de Cantabria garantiza la rentabilidad de la empresa adjudicataria a costa de las arcas públicas, “disfrazando de concesión lo que en realidad es una financiación pública encubierta a una empresa privada”. A su juicio, la clave está en que, lejos de asumir riesgos, la compañía quedaría protegida desde el inicio.
El equipo jurídico de Cantabristas subraya que en una concesión “auténtica” la parte privada asume una parte sustancial del riesgo económico, mientras que en este caso sería la Administración la que soportaría íntegramente ese riesgo, asegurando inversión, costes y beneficios. Los mecanismos previstos, añaden, convierten a la concesionaria en receptora de un flujo de fondos públicos “estable y blindado” durante treinta años.
Con estos argumentos, Cantabristas concluye que la carretera Suances‑Requejada no reúne las condiciones legales, económicas ni técnicas que justificarían el uso de un modelo concesional de colaboración público‑privada. En consecuencia, solicita que se declare improcedente la fórmula elegida y se acuerde el archivo del procedimiento actualmente en tramitación.
