La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado este viernes la solicitud urgente del Sindicato Médico para paralizar el decreto de servicios mínimos aplicado a la huelga sanitaria del 9 al 12 de diciembre. En un auto notificado hoy, los magistrados argumentan que anular por completo el decreto equivaldría a dejar la protesta sin ningún límite, un escenario «absolutamente más perjudicial» que unos mínimos potencialmente excesivos. El tribunal pone sobre la mesa el choque de derechos fundamentales: el de huelga frente al de vida e integridad física de los pacientes, priorizando la garantía de atención sanitaria «indispensable» para evitar daños irreparables a la ciudadanía.
Los jueces han dejado claro que el Sindicato no ha ofrecido alternativas concretas, como unos mínimos revisados, ni la Sala puede modificar de oficio la petición. A primera vista, tampoco ven argumentos sólidos para calificarlos de excesivos, ya que el decreto del Gobierno del 4 de diciembre ofrece «justificaciones categóricas» para cada punto fijado. Eso sí, esta resolución solo aborda la medida cautelar, sin entrar al fondo del recurso, y llega con retraso: la huelga arrancó el martes 9 y la demanda se presentó el jueves 10, aunque el TSJ ha resuelto en menos de 24 horas para que al menos afecte al último día de paro, este viernes.
La decisión es provisional, adoptada sin escuchar aún al Gobierno autonómico ni al Ministerio Fiscal —siempre presente en litigios con derechos fundamentales en juego—. La Sala ha reconocido la urgencia, pero emplaza a todas las partes a una comparecencia el próximo lunes 15 de diciembre a las 9.30 horas, donde se debatirán argumentos y podría revisarse el auto. Fuentes sindicales han lamentado la resolución, que mantiene la operativa hospitalaria en niveles altos durante la movilización, pero confían en inclinar la balanza en la vista oral con datos sobre la supuesta sobredimensión de los mínimos.
Este pulso judicial llega en el tramo final de la huelga, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos contra el nuevo Estatuto Marco y en defensa de condiciones laborales. El SCS ha defendido sus mínimos como necesarios para urgencias, hospitalizaciones y procedimientos no diferibles, pero los facultativos los tildan de «abusivos» y han recurrido para blindar su derecho a protestar sin tanta restricción. El lunes, con el Gobierno y Fiscalía en la mesa, se sabrá si hay ajustes o se confirma la decisión inicial.
Mientras, los servicios sanitarios han funcionado con los límites decretados, priorizando camas, altas y casos graves en plena ola gripal post-puente. El conflicto ha tensionado la relación entre sanidad autonómica y médicos, con acusaciones cruzadas de «bloqueo» y «represalias». El auto del TSJ refuerza temporalmente la postura del Ejecutivo, pero deja la puerta abierta a cambios que podrían marcar precedentes en futuras movilizaciones del sector. En la comunidad autónoma, donde el SCS ya venía de avisar de posibles saturaciones, esta resolución alivia la presión operativa en las últimas horas de huelga.
