La Audiencia Provincial de Cantabria ha impuesto hoy dos años de prisión a un hombre que se hizo pasar por abogado colegiado en una web de anuncios para timar a un cliente con 2.120 euros por supuestas gestiones que nunca realizó. En una vista preliminar celebrada en la Sección Tercera, el acusado ha reconocido los hechos y aceptado un acuerdo con Fiscalía y la defensa, configurando un delito continuado de estafa. Su pareja, cotitular de una cuenta donde entró parte del dinero, ha sido condenada por un delito leve continuado a 180 euros de multa. Ambos deberán indemnizar solidariamente a la víctima: 1.970 euros el principal responsable y 150 euros compartidos.
Todo empezó cuando un hombre, condenado a siete meses de cárcel y desesperado por evitar prisión, vio el anuncio y contactó al falso letrado. El estafador le convenció de su profesionalidad, prometiendo mover hilos judiciales para impedir su ingreso en el centro penitenciario. «Con ánimo de lucro fácil», según el fiscal, le pidió pagos por «trámites» que eran puro humo. La víctima ingresó 1.970 euros en la cuenta del acusado y 150 más en la conjunta con su pareja, quien dispuso del dinero al instante sin cuestionar su origen. El engaño se destapó cuando el cliente comprobó que nada avanzaba y denunció.
La sentencia, derivada del acuerdo en audiencia, evita un juicio completo pero deja claro que fingir ser abogado no es un juego: es estafa agravada por la vulnerabilidad de la víctima. El principal condenado cumple dos años en prisión, tiempo suficiente para reflexionar sobre cómo su engaño pudo agravar la angustia de alguien con un pie en la cárcel. Su compañera, con la multa, sale peor parada de lo esperado al reconocerse su complicidad activa al usar los fondos. La devolución de 2.120 euros busca resarcir al damnificado, aunque el daño moral —la falsa esperanza en un momento crítico— no se mide en euros.
Este caso pone el foco en las webs de servicios profesionales, donde cualquiera puede colgar un anuncio sin filtros. La Justicia ha actuado rápido vía conformidad, pero deja lecciones: los clientes deben verificar colegiación y referencias, y las plataformas, quizás, más control. En la comunidad autónoma, donde estos timos no son aislados, la sentencia ejemplariza que usurpar profesiones reguladas sale caro. Fuentes judiciales destacan que el acuerdo agiliza la resolución, pero el fondo revela una estafa clásica: confianza ciega por necesidad y avaricia del timador.
La vista de hoy cierra un capítulo que empezó con promesas vacías y acaba con condena firme. El afectado, que confió en un «abogado» fantasma, recupera su dinero pero pierde fe en sistemas saturados de ofertas dudosas. Para los culpables, la prisión y multa son el precio de su improvisación criminal. Casos así refuerzan la llamada a denunciar pronto y verificar bien, especialmente cuando se juega con la libertad de alguien. La Audiencia ha mandado un mensaje claro: estafar con falsas credenciales tiene consecuencias reales.
