El Parlamento de Cantabria ha dado este lunes luz verde, con el respaldo de todos los grupos, a una reforma de la ley autonómica de reconocimiento, homenaje, memoria y dignidad a las víctimas del terrorismo que amplía tanto los supuestos que generan derecho a indemnización como el número de posibles beneficiarios. El cambio normativo permite que accedan a estas ayudas los herederos de víctimas fallecidas antes de la entrada en vigor de la ley y actualiza el marco de protección para adaptarlo mejor a las necesidades del colectivo.
La modificación llega a la Cámara a través de una proposición de ley impulsada por Vox que han apoyado PP, PRC, PSOE y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio. Entre las principales novedades, se incorporan como beneficiarios los herederos de las víctimas que murieron con anterioridad a la aprobación de la norma de 2023. Además, se amplían los supuestos indemnizables, que a partir de ahora abarcan situaciones de secuestro, extorsión, coacciones o amenazas cuando estos actos terroristas hayan obligado a las personas afectadas a cambiar su residencia y fijar su domicilio en Cantabria.
La reforma reconoce efectos retroactivos desde la entrada en vigor de la ley autonómica y reabre el plazo para que se presenten nuevas solicitudes o se revisen expedientes que fueron desestimados en su momento. Al mismo tiempo, establece que las convocatorias de ayudas complementarias previstas en la norma tengan carácter permanente, de modo que se puedan solicitar cada año durante el primer trimestre, sin depender de convocatorias puntuales o extraordinarias.
El texto aprobado también refuerza la vertiente asistencial. Obliga a la Administración autonómica a garantizar programas de atención psicológica “inmediata y permanente” para las víctimas del terrorismo y sus familias, ya sea a través del sistema público de salud o mediante acuerdos con entidades especializadas. Asimismo, prevé la habilitación de un espacio físico para que las asociaciones de víctimas puedan reunirse, organizar actividades de apoyo mutuo y desarrollar actos de memoria y reconocimiento.
En el ámbito educativo, la Consejería de Educación deberá poner en marcha programas en los centros escolares orientados a conservar y difundir la memoria de las víctimas del terrorismo. La norma anima a que sean las propias víctimas quienes participen directamente en charlas, encuentros y proyectos divulgativos, con el objetivo de trasladar su testimonio a las nuevas generaciones y reforzar los valores democráticos y de rechazo a la violencia.
Según se recoge en la propia exposición de motivos, la revisión legislativa busca corregir las “carencias” detectadas desde la aprobación de la ley en marzo de 2023 e introducir mejoras técnicas y de contenido que refuercen la protección integral y eviten dudas interpretativas. La votación ha salido adelante con 34 apoyos, ya que el socialista Pablo Zuloaga no ha participado al encontrarse ausente del Pleno.
Pese al consenso final, el debate ha estado marcado por reproches cruzados entre el PP y los grupos de la oposición sobre la forma de tramitar la reforma. PRC, PSOE y Vox han acusado al Gobierno autonómico de falta de “diligencia” por no haber enviado a la Cámara un proyecto de ley propio durante meses, pese a que en marzo de 2025 el Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de ley, promovida por Vox, que instaba al Ejecutivo a modificar la norma a propuesta de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE).
Vox decidió registrar el pasado 28 de octubre su propia proposición de ley para dar cumplimiento a aquel mandato parlamentario, iniciativa que finalmente ha sido la que ha prosperado. Desde la oposición se ha interpretado que el Gobierno reaccionó “a la carrera” con su proyecto después de la iniciativa de Vox, en un intento de evitar aparecer desbordado por los tiempos. Los populares, sin embargo, han rechazado tajantemente estas críticas y han defendido que llevaban meses trabajando con ASCANVITE en la reforma de la ley.
El portavoz del PP, Juan José Alonso, ha insistido en que su partido “no va a competir por medallas” y que su prioridad pasa por garantizar que las víctimas del terrorismo cuenten con una ley “justa y realista”. Ha subrayado que la sociedad cántabra “sabe quién está con las víctimas y quién con los herederos de ETA”, y ha acusado a algunos partidos de intentar “empujar” al PP para que votara en contra de la proposición de Vox. Finalmente, los populares han respaldado el texto al considerar que mejora la norma aprobada en 2023 y refuerza la reparación y el reconocimiento a las víctimas.
