El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC), mayoritario en la educación pública de la comunidad, ha criticado duramente al Gobierno autonómico por sus declaraciones sobre las negociaciones presupuestarias y ha exigido la retirada de la llamada “Cláusula Silva”, que considera una medida “insólita, discriminatoria y chantajista”. Según el sindicato, esta condición impide avanzar en un acuerdo con el profesorado al supeditar su aplicación a la aprobación futura de los presupuestos autonómicos correspondientes a los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029.
Las afirmaciones del STEC llegan después de que el Partido Regionalista de Cantabria hiciera públicas seis medidas inmediatas para abrir negociaciones con el Ejecutivo en materia de Sanidad y Educación, entre las que figura precisamente la firma de un acuerdo “sin Cláusula Silva”. Además, los regionalistas reclamaron la gratuidad de matrícula en la Universidad de Cantabria desde el primer curso y un aumento de la inversión educativa destinado a reducir la carga burocrática y rebajar las ratios en todas las etapas docentes.
En este contexto, el Gobierno de Cantabria calificó las exigencias del PRC de “chantaje”, algo que el STEC considera una muestra de cinismo. “El propio Ejecutivo mantiene bloqueadas las conversaciones con el sector educativo e intenta condicionar cualquier avance a una cláusula que atenaza la negociación y genera incertidumbre”, señala la organización.
El sindicato también ha respondido a las palabras del consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, que cuestionó el modo en que se están desarrollando las conversaciones. “Resulta llamativo —ha manifestado el STEC— que critique que las propuestas se presenten primero a los medios, cuando esa ha sido precisamente la práctica del propio consejero de Educación, Sergio Silva, durante todo un año de negociaciones estancadas”.
Ante esta situación, el STEC exige a la presidenta María José Sáenz de Buruaga y a su Ejecutivo que “saquen sus intereses partidistas del debate educativo” y que devuelvan al sistema público la normalidad tras un curso marcado por la conflictividad y un número récord de huelgas. La organización insiste en que la educación pública necesita estabilidad, diálogo real y medidas concretas para mejorar las condiciones laborales de los docentes.
Con el propósito de analizar el estado actual del conflicto y definir nuevas acciones dentro de la campaña #EsAhora, centrada en la adecuación retributiva, la bajada de ratios y la reducción de la burocracia, el sindicato ha convocado una asamblea docente para el próximo miércoles 5 de noviembre. En ella, los docentes debatirán los próximos pasos para mantener la presión y avanzar hacia una resolución efectiva del conflicto educativo.
