El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha abierto una investigación contra el presidente del grupo siderúrgico Sidenor, José Antonio Jainaga, y dos directivos más por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armamento pesado y ligero. Según el magistrado, los acusados habrían cometido presuntamente un delito de contrabando y otro de participación por complicidad en un crimen de lesa humanidad o, alternativamente, en un delito de genocidio, al comercializar material con destino a la industria militar israelí «con pleno conocimiento» de su uso en el marco de la ofensiva sobre Gaza.
La resolución judicial, cuyo secreto de actuaciones se ha levantado este viernes, recoge que la operación se habría realizado sin la preceptiva autorización del Ejecutivo ni la inscripción en el registro que regula este tipo de transacciones internacionales. El caso parte de una querella interpuesta por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, y según un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional fechado el 10 de septiembre, los directivos investigados omitieron los trámites exigidos por la Ley Orgánica de Represión del Contrabando. El magistrado ha citado a Jainaga y a los otros dos responsables de la compañía a declarar en calidad de investigados el próximo 12 de noviembre.
El juez destaca en su auto que los hechos investigados se enmarcan en un contexto de dominio público sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, reconocida incluso por el Tribunal Penal Internacional y por organismos de Naciones Unidas como la UNRWA o la Relatoría Especial para Palestina. Las acusaciones sostienen que la intermediación de la empresa siderúrgica española habría contribuido indirectamente a la producción de armamento empleado en operaciones militares que la comunidad internacional ha calificado como crímenes de guerra.
El procedimiento también alcanza a la mercantil Clerbil SL, administradora única de Sidenor Holdings Europa, que podría asumir responsabilidad penal al haber intervenido en la operativa comercial. No obstante, el magistrado ha decidido no incluir de momento a Sidenor Aceros Especiales como persona jurídica investigada, dada la colaboración de sus trabajadores para denunciar las irregularidades y detener la actividad comercial presuntamente ilícita.
Para tomar esta decisión, el juez aplica la directiva europea sobre protección de informantes y la ley española que regula la defensa de quienes denuncian infracciones normativas y casos de corrupción. Esta disposición extiende la protección a las sociedades mercantiles que actúan como denunciantes, con el fin de preservar su viabilidad y la seguridad de sus empleados en procesos penales de esta naturaleza.
