El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media (PP), ha reclamado este jueves a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), un “diálogo real” y un proceso de trabajo conjunto con todas las comunidades autónomas de cara a la aprobación del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Según defendió, es imprescindible que el documento nazca del consenso entre las administraciones y no de “imposiciones” unilaterales.
Media participó en Madrid en la Conferencia Sectorial de Vivienda, presidida por Rodríguez y en la que se abordó un primer borrador del futuro plan. Allí criticó que las autonomías no hayan sido consultadas previamente. “No somos un actor secundario, somos quienes ejecutamos el plan con nuestros propios presupuestos”, afirmó, reprochando que durante el último año no se haya celebrado ninguna reunión específica sobre esta cuestión, a pesar de que la ministra “se comprometió a trabajar de forma conjunta”.
El consejero cántabro incidió en que se enteró del contenido del borrador “casi por la prensa” y lamentó que la participación de las comunidades se limite solo al reducido margen del trámite de información pública. “Así no se afronta un problema tan serio como la vivienda. No sé por qué cuesta tanto escuchar lo que tenemos que aportar”, expresó. A su juicio, si se hubiese abierto el diálogo con antelación, el documento podría estar ya aprobado.
Pese a las críticas, Media reconoció que el borrador incluye medidas positivas y avanzó que Cantabria presentará “alegaciones con espíritu constructivo” con el fin de mejorar un plan que considera clave porque “la vivienda es el mayor reto social y de futuro que afronta el país”. Además, apeló a retirar debates ideológicos del proceso. “Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo más allá de las diferencias políticas, porque lo que está en juego es demasiado importante para los ciudadanos”, recalcó.
El consejero puso también el acento en la financiación, recordando que en el anterior plan Cantabria asumió el 55,7% del coste total y el Estado el 44,3%, cuando la proporción teórica debería situarse en un 30%-70%. Asimismo, pidió la colaboración del Ministerio para desbloquear inmuebles en manos de la SAREB que permanecen paralizados, como una promoción con más de 70 viviendas en la comunidad que, dijo, podría destinarse a familias con necesidad si se agilizasen los trámites.
En la reunión se trató igualmente la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que Cantabria respaldó aunque mostrando su disconformidad con la “carga burocrática” que impone a las comunidades. Media instó a la ministra a buscar fórmulas que alivien la gestión administrativa de este programa. Finalmente, reclamó al Gobierno central que aporte seguridad jurídica en el manejo de los fondos europeos, ya que muchas administraciones —entre ellas la cántabra— se han visto obligadas a adelantar recursos propios para poder financiar proyectos que, de otro modo, quedaban bloqueados. “Tenemos que resolver este problema cuanto antes si realmente queremos que los fondos cumplan el objetivo para el que se crearon”, concluyó.
