La consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, Isabel Urrutia, ha salido al paso de las críticas y ha defendido con firmeza el reciente acuerdo judicial alcanzado en la investigación de la trama de Obras Públicas, relacionada con la adjudicación irregular de contratos en la comunidad. Según explicó durante su intervención en el Pleno del Parlamento, este acuerdo no es fruto de una decisión política, sino que responde a criterios técnico-jurídicos basados en los hechos probados, las pruebas recopiladas y las directrices marcadas por la Fiscalía y la jueza instructora. El Ejecutivo autonómico se personó en la causa como acusación particular con el objetivo claro de recuperar el dinero defraudado —una cifra que asciende a 1,6 millones de euros— y lograr la expulsión definitiva del funcionario considerado cabeza de la organización ilícita.
Isabel Urrutia destacó el trabajo exhaustivo y exclusivo de dos letradas de los servicios jurídicos del Gobierno, que durante más de dos años se han encargado del caso, revisando el voluminoso expediente de 30.000 folios y analizando teléfonos, correos y escuchas para preparar la defensa estricta del interés público. Gracias a este esfuerzo, el pacto judicial garantiza que los fondos reclamados pasen a las arcas públicas una vez exista sentencia firme, y que el funcionario principal deje de formar parte de la administración, cumpliendo así con las pretensiones de la Consejería.
La consejera aprovechó para desmentir las acusaciones de prácticas colusorias y reparto del mercado en las licitaciones públicas que la portavoz del Grupo Parlamentario Vox planteó. Urrutia aclaró que, al menos desde la llegada del Gobierno del PP a Peña Herbosa, no existe ninguna prueba de tales conductas y resaltó la diligente colaboración del Ejecutivo con el proceso penal. Además, recordó que el principal encausado estuvo en prisión provisional y que ya fue cesado de su puesto cuando se destaparon las irregularidades.
Durante el debate, la titular de Presidencia recordó que las licitaciones de la Consejería, a día de hoy, son significativamente más competitivas, con la presencia de empresas ajenas a la comunidad autónoma, lo que, a su parecer, refleja la confianza y transparencia que se ha instaurado. En concreto, mencionó que en contratos para conservación de carreteras y en la renovación del puente sobre el río Cubas el número de licitadores ha aumentado considerablemente, dejando atrás prácticas opacas del pasado.
Isabel Urrutia concluyó reafirmando el compromiso del Gobierno cántabro con la integridad, la transparencia y la defensa del patrimonio público, en un proceso judicial que considera ejemplar y que esperan sirva de ejemplo para evitar futuras irregularidades en la administración. Asimismo, subrayó que el Ejecutivo seguirá trabajando para reforzar los mecanismos de control y supervisión en la contratación pública, garantizando que toda la actividad administrativa cumpla con los estándares legales y éticos más exigentes.
