El Gobierno de Cantabria está preparando un dispositivo extraordinario para afrontar la llegada de 156 menores migrantes no acompañados asignados por el Ejecutivo central a la región. La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), explicó en el Parlamento que la comunidad ha modificado una orden normativa para establecer un marco legal que permita habilitar centros de acogida provisionales y de urgencia.
Según Gómez del Río, el Ejecutivo autonómico desconoce detalles clave sobre el traslado —cuándo se producirá, en qué número y con qué edades—, por lo que ha decidido adelantarse y planificar los recursos materiales y humanos necesarios. En este sentido, la modificación legal contempla “flexibilizar” los requisitos de personal, incorporando integradores sociales y mediadores culturales para favorecer la comunicación, evitar conflictos y facilitar la integración de los menores. Del mismo modo, se prevé la presencia de personal de seguridad en las instalaciones.
La consejera justificó estos cambios en la obligación de cumplir con el Real Decreto 2/2025 aprobado por el Gobierno central, aunque subrayó el rechazo de Cantabria a que sea el Estado quien determine la capacidad ordinaria de acogida de la comunidad. “Nos negamos a convertir a los menores en objeto de intercambio político como está haciendo Sánchez”, denunció en la sesión plenaria.
La iniciativa fue interpelada por Vox, cuyo grupo cuestionó la gestión del Ejecutivo autonómico. Su portavoz, Leticia Díaz, apuntó que en la comarca de Campoo-Los Valles crece la preocupación ante los rumores de que el centro de Polientes (Valderredible), destinado antes a campamentos, está siendo reparado para el acogimiento. Según la diputada, incluso se estarían realizando entrevistas de trabajo para contratar a 70 profesionales.
Díaz acusó a la consejera de actuar con falta de transparencia y alertó de que la llegada de los menores “triplicará la población del municipio”. Además, reprochó que la nueva normativa “rebaja los estándares” de los centros de protección al eliminar límites como el máximo de 24 usuarios por instalación. “Vemos un doble discurso: rechazan de palabra el plan de reparto, pero administrativamente allanan el camino con menos garantías. Es un intento de engañar a los cántabros”, sentenció.
Gómez del Río, por su parte, negó que exista un plan específico para el centro de Polientes —“no podemos reparar un centro que no es nuestro”, puntualizó— y defendió que la prioridad del Gobierno autonómico es garantizar que, pese a la falta de planificación del Estado, los menores sean atendidos en condiciones dignas y con seguridad.
