El PSOE de Cantabria ha cargado contra la adjudicación del transporte programado de ambulancias a Autransa, asegurando que la compañía ha comenzado a prestar servicio en la región con los mismos trabajadores que llevan más de 40 días sin cobrar sus salarios.
El secretario de Salud de la Ejecutiva autonómica socialista, Marcos Agudo, ha calificado la situación de “inaceptable”, subrayando que el relevo de empresa adjudicataria no puede hacerse “a costa de mantener impagos a la plantilla ni de seguir deteriorando un servicio esencial para los ciudadanos”.
En este sentido, ha recordado que la etapa de Diavida, anterior concesionaria, ha estado marcada por “incumplimientos constantes, un progresivo empeoramiento del servicio y un abuso continuado hacia los trabajadores”. Según el dirigente del PSOE, estas prácticas han sido posibles gracias a la “permisividad” del consejero de Salud, César Pascual, a quien responsabiliza de “este desastre”.
Agudo ha puesto el foco en el incremento del 27% en el importe del nuevo contrato con Autransa, tras haberse reducido significativamente el volumen del anterior pliego, lo que considera “una muestra clara de las malas decisiones del consejero”. También ha denunciado la falta de transparencia del proceso de adjudicación, señalando que la flota de Autransa fue desplazada con meses de antelación a la sede de Candina “antes incluso de que se conociera la resolución oficial”.
Para los socialistas, no se trata solo de un cambio de nombre: “Autransa es la continuación del mismo grupo empresarial que operaba como Diavida y que pertenece al fondo de inversión HTG Group. Con este historial, el encarecimiento del contrato resulta aún más elocuente”.
El portavoz socialista ha reclamado que se priorice el respeto a los “principales damnificados”: los trabajadores del servicio, a quienes aún se les adeudan nóminas, y los ciudadanos de Cantabria, que “siguen sin ver garantizado un servicio de calidad”.
Aunque ha deseado que el nuevo contrato logre revertir la situación, Agudo ha mostrado su escepticismo sobre el modelo de gestión público-privada, que a su juicio “ha demostrado su ineficacia”. En esa línea, ha defendido que la internalización del transporte sanitario es “la única vía para asegurar condiciones laborales dignas y una atención sanitaria adecuada”.
