A partir del próximo martes, 1 de julio, todos los propietarios que ofrezcan viviendas turísticas o de temporada deberán inscribir sus alojamientos en el nuevo registro único obligatorio. La medida, recogida en el Real Decreto 1312/2024, forma parte de la implantación de una ventanilla digital única y se pone en marcha tras seis meses de preparación desde su aprobación a principios de año.
Este sistema da cumplimiento al Reglamento europeo 2024/1028, aprobado por el Parlamento y el Consejo de la UE en abril, y tiene como objetivo establecer un marco común en toda la Unión para regular los arrendamientos de corta duración.
La inscripción deberá realizarse a través del Colegio de Registradores, aportando datos como la referencia catastral del inmueble, la dirección exacta, el tipo de arrendamiento (completo o por habitaciones), la capacidad máxima y la documentación que acredite que cumple con los requisitos establecidos por cada comunidad autónoma.
Una vez revisada y validada la documentación, se asignará un número de identificación, que será obligatorio mostrar en todas las plataformas digitales donde se anuncie el alojamiento. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se insiste en que esta herramienta busca “reforzar la transparencia y el control en un mercado en constante crecimiento”, además de combatir prácticas irregulares.
Hasta el 27 de junio, el Colegio de Registradores ha recibido casi 200.000 solicitudes. De ellas, un 83,6% han sido aprobadas, mientras que más de 92.000 siguen pendientes de revisión. La mayoría de registros corresponden a alquileres turísticos, concentrados sobre todo en zonas como Málaga, Alicante, Barcelona, Baleares o Gran Canaria.
La norma también obliga a las plataformas digitales a informar mensualmente a la ventanilla única de los alojamientos activos, aportando datos como la dirección, el número de registro o las direcciones web de los anuncios. Las plataformas pequeñas, por su parte, podrán remitir estos datos cada tres meses, aunque en todos los casos el plazo será de los primeros quince días del mes siguiente.
Críticas políticas y del sector
La entrada en vigor del registro ha sido recibida con críticas por parte de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han reclamado una Conferencia Sectorial urgente de Turismo para abordar la situación. Acusan al Gobierno central de falta de coordinación y de imponer una medida “caótica” en plena temporada alta, además de invadir competencias autonómicas.
Desde el sector turístico también se han alzado voces en contra. La presidenta de Fevitur, Silvia Blasco, ha alertado de que la normativa podría dejar fuera hasta el 70% de la oferta actual, lo que supondría un impacto económico negativo estimado en más de 13.700 millones de euros hasta final de año. Además, considera que el registro estatal “duplica trámites ya existentes” en muchas comunidades autónomas, dificultando la gestión para los propietarios en lugar de facilitarla.
