El Gobierno de Cantabria ha presentado el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, una normativa que busca dar respuesta a los retos actuales del acceso a la vivienda y que, en palabras del consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, es “moderna, garantista y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía”.
El texto saldrá mañana a información pública a través del Boletín Oficial de Cantabria (BOC), abriendo un periodo de 20 días hábiles —hasta el próximo 30 de junio— para la presentación de alegaciones o aportaciones.
Acompañado del director general de Vivienda, Carlos Montes, el consejero ha detallado que el objetivo de esta ley es garantizar un acceso real a la vivienda, especialmente para colectivos vulnerables, sin desatender los derechos de los propietarios. Para ello, la norma incorpora medidas que van desde la promoción de vivienda protegida, la rehabilitación urbana y la recuperación de viviendas vacías, hasta nuevas fórmulas habitacionales como el coliving y el cohousing.
Además, se contemplan mecanismos para dinamizar la construcción sobre suelo público y privado, simplificar trámites administrativos y fomentar la colaboración entre el sector público y privado, como ya se ha hecho con los proyectos de vivienda en alquiler asequible.
Propietarios, seguridad y nueva oferta
Uno de los pilares del anteproyecto es ofrecer garantías jurídicas a los propietarios para fomentar que más inmuebles salgan al mercado del alquiler. Media ha criticado la ley estatal aprobada en 2023, asegurando que provocó la retirada del 37% de las viviendas en alquiler en Cantabria debido a la inseguridad jurídica.
Por ello, el texto autonómico fija el precio del alquiler según el mercado real y no por índices estatales que, a juicio del Ejecutivo cántabro, están obsoletos. También se prevén ayudas económicas para cubrir gastos comunitarios e IBI, de cara a incentivar la cesión de viviendas vacías.
Lucha contra la ocupación y apoyo a víctimas
La futura ley incorpora un plan específico contra la ocupación ilegal, incluyendo protocolos de desalojo en casos flagrantes y la puesta en marcha inmediata de una Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación. Asimismo, los municipios tendrán que actualizar censos de viviendas susceptibles de ser ocupadas y podrán intervenir a través de la policía local.
“No vamos a amparar al okupa. Esta ley está del lado del propietario”, ha subrayado Media, quien ha recalcado que aquellos condenados por ocupación en los últimos cinco años no podrán beneficiarse de programas de ayuda.
Vivienda rural y emergencia habitacional
Otro de los ejes del anteproyecto es el refuerzo del medio rural, con incentivos para promover vivienda en pueblos y atraer a profesionales de servicios esenciales como sanitarios, docentes o veterinarios.
En casos de emergencia, se mejoran los mecanismos de respuesta rápida ante desahucios o catástrofes, asegurando atención inmediata a personas en riesgo de quedarse sin hogar. Además, se articula un sistema de adjudicación del parque público de vivienda con criterios sociales y territoriales.
Herramientas de control y registro
La ley contempla también la creación del Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo (RAUVS), que reunirá información sobre oferta, demanda y disponibilidad de suelo para vivienda protegida. También se regulará un registro de agentes inmobiliarios, de carácter voluntario, para garantizar la calidad y transparencia en el sector.
Por último, se refuerza la figura de la declaración responsable para agilizar procedimientos, se introduce un régimen sancionador estricto para evitar fraudes en el uso de viviendas protegidas y se establecen multas de hasta 90.000 euros en los casos más graves.
Calendario de tramitación
Con la publicación del texto en el BOC, se abre el trámite de consulta pública. Una vez evaluadas las aportaciones, el anteproyecto pasará por los informes técnicos pertinentes antes de su aprobación como proyecto de ley. La intención del Ejecutivo regional es remitirlo al Parlamento en septiembre, con el objetivo de contar con una norma “consensuada, dialogada y eficaz”, tal y como ha afirmado Media.
