El Gobierno de Cantabria ha fijado un nuevo plazo para la aprobación del decreto que regulará las viviendas de uso turístico (VUT), aunque reconoce que, en ningún caso, podrá entrar en vigor antes de este verano. Así lo ha asegurado este lunes en el Parlamento el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad (PP), quien ha explicado que el texto se encuentra en su “última fase” y podría estar ultimado en los próximos dos meses.
En una interpelación del Grupo Socialista, Martínez Abad ha detallado que el borrador será remitido en los próximos días a la asesoría jurídica para su revisión, tras lo cual deberá recabar informes de las secretarías generales de las distintas consejerías, pasar por la Dirección General del Servicio Jurídico y, por último, ser elevado al Consejo de Estado. Todo ello, ha remarcado, antes de su aprobación definitiva.
El titular de Turismo ha defendido los tiempos del Ejecutivo y ha señalado que el decreto incorpora una normativa “compleja”, que incluye incluso las últimas modificaciones introducidas en enero en la Ley de Propiedad Horizontal. Ha subrayado que el texto ha sido fruto del diálogo con todos los sectores implicados y ha reconocido que, aunque no satisfará a todos por igual, será “el mejor posible” dadas las distintas sensibilidades en juego.
“La prioridad no es correr, sino ofrecer una regulación sólida, eficaz y con plena garantía jurídica”, ha insistido Martínez Abad, quien ha recalcado además que el nuevo decreto pretende frenar la proliferación de alquileres turísticos ilegales, para lo cual se reforzará el equipo de inspección y se impondrán sanciones que podrán alcanzar los 75.000 euros.
Desde las filas del PSOE, el diputado Mario Iglesias ha cuestionado la viabilidad de los plazos anunciados, recordando que aún falta buena parte del procedimiento administrativo. “Si consigue tenerlo publicado antes de San Juan, es un superclase”, ha ironizado el parlamentario socialista, que ha considerado necesario “agilizar” la tramitación tras nueve meses de espera desde la fase de alegaciones.
Iglesias también ha mostrado su preocupación por que el borrador deje en manos de los ayuntamientos la posibilidad de limitar el número de VUT, lo que, a su juicio, puede derivar en una regulación desigual y cambiante según el color político de cada corporación local. Una fórmula que, ha advertido, no aporta seguridad jurídica ni a los propietarios ni a los municipios.
Por su parte, Martínez Abad ha replicado que el anterior decreto aprobado por el Ejecutivo PRC-PSOE “no sirvió para nada” y ha reprochado al bipartito que durante la pasada legislatura no afrontase este problema, pese a que el fenómeno ya era evidente. También ha recordado que el actual Gobierno apenas lleva diez meses y que ya ha sacado a información pública un primer borrador y redactado una versión final que “en breve verá la luz”.
