Los firmantes del Pacto para la Justicia de Cantabria han alcanzado un acuerdo unánime para solicitar la ampliación de la planta judicial en la comunidad autónoma, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. La principal medida incluida en esta propuesta es la creación de tres nuevas plazas de juez destinadas a reforzar la jurisdicción social en Santander, Santoña y San Vicente de la Barquera.
Este consenso se logró en una reunión convocada por el Gobierno de Cantabria en la que participaron representantes del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía Superior, los letrados de la Administración de Justicia, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia y los colegios profesionales de Abogados, Procuradores, Psicólogos y Graduados Sociales.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha anunciado que la petición será remitida de inmediato al Ministerio de Justicia. Según ha explicado, esta iniciativa responde a los estudios sobre carga de trabajo de las unidades judiciales y a los datos reflejados en las últimas memorias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que evidencian una sobrecarga en estos órganos que hace insostenible su correcto funcionamiento.
Urrutia ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central atienda esta solicitud, recordando que en diciembre el Ministerio se comprometió con la Generalitat de Cataluña a la creación de cinco nuevos órganos judiciales, por lo que considera que no puede esgrimirse la falta de presupuestos como argumento para no ampliar la planta judicial en Cantabria.
Avances en la modernización del sistema judicial
Durante la reunión también se hizo balance de la ejecución de los compromisos adquiridos en el Pacto para la Justicia, suscrito hace siete meses. En este sentido, se ha valorado positivamente la puesta en marcha del Juzgado de Primera Instancia número 13 en Santander, que ha contribuido a reducir la carga de trabajo en la jurisdicción civil.
Asimismo, se ha destacado el incremento de las plantillas de funcionarios en los juzgados de Medio Cudeyo y San Vicente de la Barquera, así como la instalación de dos salas Gesell en Santander y Torrelavega, destinadas a mejorar la protección de menores y víctimas de delitos.
En materia de infraestructuras, la consejera de Justicia ha avanzado que en abril concluirá el estudio sobre el estado de las once sedes judiciales de la comunidad autónoma. Este análisis incluirá un calendario de actuaciones y su valoración económica, además de recoger las mejoras y reparaciones ya realizadas. En este contexto, Urrutia ha señalado que en las próximas semanas se tomará una decisión definitiva sobre la nueva sede del Instituto de Medicina Legal.
Por otro lado, en la reunión se abordaron los avances en la adaptación de Cantabria a la nueva ley nacional de eficiencia organizativa. Según ha adelantado Urrutia, el Gobierno regional ha decidido no esperar las directrices del Ministerio y ya tiene preparada la estructura de la mayor parte de los partidos judiciales. En los próximos días comenzarán las reuniones con el Tribunal Superior de Justicia y los letrados de la Administración de Justicia para coordinar la implantación del nuevo modelo judicial.
Incremento de retribuciones y digitalización
En el ámbito de la justicia gratuita, el Gobierno de Cantabria ha hecho efectivo el incremento de las retribuciones de los abogados y procuradores del turno de oficio, aplicando un aumento de los baremos con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Esta mejora será incluida en el nuevo decreto autonómico actualmente en tramitación.
En lo que respecta a la digitalización, ya se ha implantado en todos los registros civiles de Cantabria el sistema informático DIGIREG y han comenzado los trabajos de digitalización de los libros registrales, un proyecto financiado con fondos NextGeneration. Además, los miembros del Pacto para la Justicia han analizado el funcionamiento del sistema de gestión procesal Vereda, con el objetivo de mejorar su interoperabilidad con otros sistemas judiciales y optimizar la formación de los profesionales en su uso.
Incorporación del Colegio de Graduados Sociales al Pacto para la Justicia
Al término de la reunión, la consejera de Presidencia y Justicia y la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Cantabria, Belén Campos, firmaron el acuerdo por el que esta entidad se adhiere al Pacto para la Justicia. Con esta incorporación, se refuerza el papel de estos profesionales en el ámbito de la jurisdicción social y la mediación.
Isabel Urrutia ha destacado la importancia de esta adhesión y ha recordado que el Pacto sigue abierto a la incorporación de otros colectivos profesionales relacionados con la Administración de Justicia. Según ha subrayado, el objetivo del Gobierno de Cantabria es sumar el mayor número posible de esfuerzos y voluntades para mejorar este servicio público esencial y garantizar su calidad y eficiencia.
