El Parlamento de Cantabria arranca el análisis de la Ley de Simplificación Administrativa, una de las propuestas clave del programa del PP para reducir la burocracia y agilizar trámites, especialmente demandada por empresarios, autónomos y ayuntamientos. Sin embargo, la normativa ha suscitado críticas por parte de ayuntamientos, asociaciones profesionales, ciudadanos y hasta servicios jurídicos del propio Gobierno, con más de 500 alegaciones recibidas. En este contexto, el texto enfrenta reparos sobre su constitucionalidad y la posible invasión de competencias locales, una postura señalada en un informe de 47 páginas emitido por el jefe de la Asesoría Jurídica del Ejecutivo, Jorge Fondevila.
Durante enero, quince expertos, entre representantes sindicales, empresariales y colegios profesionales, participarán en el análisis parlamentario, aunque no se permitirá la intervención de Fondevila tras el bloqueo de PP y Vox. Su lugar será ocupado por el director general del Servicio Jurídico, Fernando José de la Fuente, quien respaldó la constitucionalidad del texto. A pesar de que el Gobierno esperaba aprobar la ley en febrero, el debate se prolongará debido a las comparecencias y a las previsibles enmiendas. El Ejecutivo aún necesita el respaldo de Vox o PRC para sacar adelante la ley, cuestionada por el PSOE por posibles recortes en igualdad y por medidas polémicas como la «declaración responsable,» que permitirá abrir negocios sin autorización previa de los ayuntamientos. Su aprobación implicará modificaciones en más de 30 normativas vigentes, abarcando áreas como transparencia, urbanismo y emergencias.
