El Parlamento de Cantabria ha dado luz verde a una polémica medida que permitirá la concertación de servicios sanitarios con empresas privadas sin necesidad de licitación previa y por períodos de hasta 24 años. La propuesta, introducida a última hora por el Partido Popular (PP) mediante una enmienda a la Ley de Acompañamiento, fue aprobada en la Comisión de Economía gracias al apoyo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y la abstención de Vox, mientras que los socialistas votaron en contra.
Esta medida, incluida dentro de un pacto presupuestario entre el PP y el PRC, se formalizará el próximo 20 de diciembre, cuando se apruebe el paquete presupuestario para 2025. La Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria se modificará para incluir un nuevo artículo (90bis) que regula los convenios sanitarios con entidades sin ánimo de lucro, permitiendo a estas empresas asumir servicios públicos mediante acuerdos de larga duración, sin concurso público en casos excepcionales.
Los detalles del nuevo marco legal
La medida permite que el Servicio Cántabro de Salud firme convenios singulares con entidades privadas para prestar servicios sanitarios en condiciones específicas, sin necesidad de licitación pública, cuando existan «razones objetivas de planificación sanitaria». Estos convenios tendrán una duración inicial de 20 años, prorrogables por otros cuatro, consolidando una relación entre el sistema público y centros privados como el Hospital Padre Menni o Santa Clotilde, ambos gestionados por organizaciones religiosas y ya colaboradores habituales de la sanidad cántabra.
Los defensores de la medida, como la portavoz sanitaria del PRC, Paula Fernández, argumentan que estos acuerdos darán estabilidad y permitirán reducir las listas de espera. “No supone ningún cambio respecto a lo que ya se hacía, sino que aporta estabilidad para mejorar la atención sanitaria”, aseguró.
Críticas de la oposición
El PSOE ha mostrado una fuerte oposición, calificando la medida como «un cheque en blanco a la sanidad privada» y criticando que comprometa la planificación sanitaria durante un cuarto de siglo. El exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, advirtió que estos convenios hipotecarán a futuros gobiernos: “Se está asegurando la permanencia de un modelo de sanidad concertada durante cinco o seis legislaturas, lo que dificulta cualquier cambio en la política sanitaria”.
Además, los socialistas cuestionan la falta de transparencia del procedimiento, señalando que la enmienda fue introducida de forma apresurada y sin debate público, en contraste con el compromiso inicial del PRC de no utilizar la Ley de Acompañamiento para cambios legislativos de este calibre.
Una nueva etapa en la sanidad concertada
Aunque la concertación de servicios sanitarios con la privada ya existía en Cantabria, se realizaba mediante contratos licitados y por períodos más cortos. Este nuevo marco legal, al eliminar la licitación en determinados casos y ampliar los plazos, consolida un modelo que acerca la gestión sanitaria pública a fórmulas más propias de la educación concertada.
La medida genera un amplio debate sobre el equilibrio entre sanidad pública y privada, con implicaciones que podrían moldear la prestación de servicios de salud en Cantabria durante décadas. El próximo 20 de diciembre, cuando se vote la Ley de Acompañamiento, se definirá si este cambio se convierte oficialmente en ley.
