La Asociación de Empresarios de Pequeñas y Medianas Empresas del Metal de Cantabria (Pymetal) ha mostrado su rechazo al RDL 5/2023 que entrará en vigor el 1 de enero y que establece la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas por «las inquietudes significativas que plantea para las empresas» han explicado en un comunicado la patronal del Metal.
Recordemos que la medida medida establece que los estudiantes de Formación Profesional (FP) que realicen prácticas en empresas deberán ser dados de alta en la Seguridad Social y, por ende, se deberá cotizar por ellos. Para Pymetal, esta obligación es vista como «un obstáculo injustificado y una carga adicional para las empresas».
La asociación advierte que esta medida afectará a estudiantes universitarios y de FP, quienes «podrían enfrentar dificultades para acceder a su titulación debido a la obligatoriedad en el periodo de aprendizaje en sus programas formativos». La reducción de empresas dispuestas a recibir a estudiantes en prácticas se vislumbra como una consecuencia directa de esta nueva normativa han reflexionado desde la patronal.
Pymetal destaca que «estos alumnos no son becarios que finalizan sus estudios para incorporarse al trabajo, sino que necesitan completar sus prácticas para obtener la titulación. La situación se agrava en empresas más pequeñas, donde estas suelen ser de corta duración, y se señala que aquellos alumnos que reciben prestaciones por desempleo se verán aún más afectados».
La asociación critica la intención del Gobierno de replicar el modelo alemán de FP, señalando diferencias fundamentales en los sistemas educativos y en la naturaleza estacional de la economía española. La formación dual alemana se basa en gran medida en el trabajo práctico con una duración de varios años, a diferencia del sistema español.
En resumen, Pymetal sostiene que esta nueva regulación impone cargas innecesarias a las empresas y plantea desafíos significativos para la continuidad de las prácticas formativas en el ámbito empresarial.
Recordemos que la medida ya fue criticada por el Gobierno de Cantabria y pidió su retirada.
